La Diputación negocia la compra de la Cámara para su área de recaudación

La adquisición del edificio, embargado por el juzgado de lo Social número 2, supondría un desembolso de 2,4 millones, que se destinarían a las indemnizaciones de los trabajadores
Edificio de la Cámara de Comercio, en la avenida de Ramón Ferreiro
photo_camera Edificio de la Cámara de Comercio, en la avenida de Ramón Ferreiro

La Diputación de Lugo está negociando la compra del edificio de la Cámara de Comercio de Lugo para reubicar el servicio provincial de recaudación. En la actualidad, este departamento ocupa unas dependencias alquiladas en la calle Tui, que no reúnen los requisitos legales en materia de salud y seguridad laboral. El inmueble de la Cámara se encuentra embargado por el juzgado de lo Social número 2 de Lugo para cubrir la deuda que la entidad dejó con los trabajadores cuando cerró sus puertas. La operación, que se está negociando con los propios trabajadores, supondría para la Diputación un desembolso de casi 2,4 millones, con los que la plantilla de la organización empresarial podrían cobrar sus indemnizaciones.

El nuevo equipo de gobierno de la Diputación lleva meses intentando buscar una solución al problema del servicio de recaudación, ya que existen actas de Inspección de Trabajo en las que se destacan diversas irregularidades en las dependencias de la calle Tui. El local, por el que se está pagando un alquiler de unos 2.500 euros al mes y que finaliza en octubre, incumple la legislación de salud e higiene en el trabajo y es materialmente imposible solventar las deficiencias en este espacio.

Por eso, se empezó a buscar una ubicación alternativa en alguno de los edificios que tiene la Diputación, pero fueron descartándose uno tras otro, ya que en todos sería preciso efectuar unas importantes inversiones. Por ejemplo, se planteó utilizar uno de los pabellones del Hogar de Santa María, pero habría que realizar numerosas obras para acondicionarlo como lugar de trabajo de las 40 personas que conforman el servicio, al margen de tener que instalar un ascensor para cumplir con la normativa de accesibilidad.

Otra de las posibilidades estudiadas fue el edificio de la Sociedad Urbanística Provincial (Suplusa), en la calle San Marcos, cuya planta baja todavía está en obra. Además de la inversión, en este caso existe el problema de que es un edificio protegido y, por lo tanto, cualquier intervención exige cumplir numerosos requisitos.

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