La diputada de economía de la Diputación, Pilar García Porto, aseguró este miércoles que ningún cargo público ha efectuado los gastos en floristerías, relojerías y restaurantes que figuran el sumario de la operación, y que se elevan a 200.000 euros en dos años, tal y como desveló el miércoles este diario. Según justificó, «evidentemente» la Diputación, a través de protocolo, «envía flores cuando hay que presentar condolencias y hace gastos en relojería cuando colabora con algún tipo de trofeo». «Pero ningún cargo político de la Diputación hizo uso de gastos de esta partida», matizó.
García Porto mostró de este modo «absoluta tranquilidad» ante las investigaciones de la operación Pulpo, por la que está imputado el expresidente de la Diputación y ya exlíder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, además de otros destacados funcionarios del organismo provincial. Al respecto, la diputada apeló a la «confianza» en la gestión de los funcionarios y trabajadores de la institución.
La investigación sobre esos 200.000 euros en gastos también afecta de lleno al área de Vicepresidencia, dirigida por el BNG. Así, Antonio Veiga, vicepresidente, indicó que «todo o que ten que ver coas áreas de xestión do BNG está debidamente xustificado coas correspondente contas xustificativas. Non hai ningún inconveniente de presentalas onde as requiran».
Además, la Diputación emitió el miércoles un nuevo comunicado oficial en el que insistía en «la legalidad» de las ayudas al Breogán, y reiteraba que avala «la legalidad del Km0», proyecto del que reivindica sus «rigurosos controles».
INVESTIGACIÓN GENERAL. Asimismo, el organismo expresó su «sorpresa por una investigación judicial que surge de una denuncia por supuesto acoso laboral y que se ha convertido en una investigación general», por lo que pide «prudencia» ya que, a su juicio, «se está «perjudicando gravemente la imagen de la institución y la de todos sus trabajadores».
El comunicado también reitera que «ninguno de los viajes que la Diputación subvencionó a funcionarios e hijos de funcionarios corresponden al gobierno progresista, sino al gobierno del PP», ya que «todos» son «anteriores al año 2006».
En esa misma comunicación oficial, y en respuesta a la información publicada por este diario según la cual la magistrada Pilar de Lara procedió a registrar el organismo provincial porque no se le facilitó la documentación requerida, la Diputación niega haber obstaculizado el trabajo de la Justicia y asegura que «siempre facilitó toda la documentación» que le fue requerida.
Al respecto, dice que «nunca recibió ningún auto el 14 de julio de 2014», por lo que ve «imposible» que se le acuse de «conocerlo o recibirlo» y, por tanto, de «obstaculizar el trabajo de la Justicia». Afirma, en este sentido, que el auto de la mencionada fecha se dictó «para permitir a la Udef el requerimiento a la Diputación de nueva documentación». «Así lo hicieron el 30 de julio de 2014, fecha en la que entregó toda la documentación que requirió la Justicia».
