La Confederación Miño-Sil paraliza parte de la obra de la fábrica de la luz

La empresa colocó un elemento para encauzar el agua 150 metros más arriba de lo previsto en el estudio de impacto ambiental, por lo que podría abrírsele expediente sancionador. No puede trabajar en ese punto, pero sí en otros
Ataguía provisional, que la empresa hizo en un punto diferente al previsto
photo_camera Ataguía provisional, que la empresa hizo en un punto diferente al previsto

Diez días después de su inicio, las obras de rehabilitación de la fábrica de la luz e incremento del caudal del río en Castro Romai están ya paralizadas en su punto más llamativo. En la primera inspección de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, realizada este martes, se encontró que la empresa adjudicataria había colocado una ataguía provisional (un elemento que permite encauzar el agua en un punto concreto y trabajar en seco) 150 metros arriba de lo previsto en el estudio del impacto ambiental. 

Tras constatar esa discrepancia entre obra y proyecto, el organismo remitió sendos requerimienros al Ayuntamiento -que es quien tiene la concesión para el aprovechamiento hidroeléctrico- y al director de obra de Inca -firma a la que se le adjudicó la obra y la explotación de la central- para que detuviesen las obras en ese punto. Sin embargo, podrá seguir trabajando en otras zonas. 

Además, la Confederación inició las diligencias previas que podrían derivar en la apertura de un expediente sancionador a la empresa por incumplir las condiciones de la autorización, ya que no se respetó el proyecto. De prosperar, ese expediente podría dar lugar en el futuro a una orden de paralización de toda la obra. 

El organismo admitió este martes que, dado que ya en la primera visita de seguimiento y vigilancia de la obra se detectó un incumplimiento del proyecto, estará especialmente atenta al desarrollo de los trabajos y a que se sigan los planes previstos sin salvedad alguna. 

Por el momento, Inca puede seguir trabajando en otros puntos de la zona y, en cuando a la obra de colocación de la ataguía, la Confederación consultará a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta para que decida si se concede autorización a Inca. Cabría la posibilidad de que la Xunta optase por reclamar un nuevo estudio de impacto ambiental pero se considera lo más probable que no lo haga, ya que en el proyecto sí está recogido que se hagan ataguías pero no a la altura a la que se hizo la ahora paralizada. 

RECHAZO. Las obras siguieron este martes provocando nuevas manifestaciones de rechazo, tanto por la modificación sustancial del paisaje de la zona como por el hecho de que sean ejecutadas por una empresa bajo sospecha judicial, de la que Pilar de Lara investigó ampliamente en la Operación Pokemon cómo se hizo con la concesión. 

El PP se quejó de nuevo de que la obra supondrá un perjuicio para los lucenses, ya que la concesionaria reclamó al Concello que asuma el arreglo de todos los desperfectos de las instalaciones, fruto del abandono en el que estuvieron sumidas en los últimos años y de los actos vandálicos.

Además, la concejala del PP Isabel Devesa recordó que "el único promotor de esta obra es el Concello que regaló por 450€ mensuales durante los próximos 38 años un patrimonio de todos". 

Por su parte, Lugonovo reclamó al gobierno local una explicación pormenorizada de qué obras se van a hacer, cuál es la envergadura de la intervención en el río y qué impacto ecológico tendrá. Su portavoz, Santiago Fernández Rocha, considera que la sensibilidad y alerta mostrada por los vecinos debería llevar al Concello a poner a su disposición toda la información sobre los trabajos, también por qué tardaron siete años en iniciarse. Aunque no pone en duda la legalidad de las obras -que cuentan con la preceptiva autorización de la Confederación y la aprobación de la declaración de impacto medioambiental- sí cuestiona "cuestiona todo o procedimento, dende a propia concesión á empresa Inca ata o feito de que fora necesario incrementar o caudal de explotación de xeito proporcional ó prexuizo medioambiental que esto terá sobre o Miño".

La Unión de Asociacións Veciñais de Lugo (Unave) considera los trabajos un "atentado ecolóxico" y no comprende cómo se permiten y no se autoriza la instalación de una playa fluvial que considera "moito menos agresiva que o que están facendo agora".

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