La Xunta, como promotora de la obra, y el Concello, como titular del terreno, deben tirar una de las rotondas nuevas del puente de Paradai -la que une la calle Serra de Meira con el viaducto- en un plazo de quince días. Esa es la resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que agota la vía administrativa de un expediente abierto por el organismo de cuenca en mayo del año pasado, a raíz de una denuncia de Adega y de la guardería fluvial porque, supuestamente, el vial invadía el dominio público hidráulico.
La CHMS concluye que, efectivamente, la obra dañó el dominio público porque fue realizada sobre zonas de servidumbre y policía de ambas márgenes del río Rato y, además, sin autorización administrativa de la Confederación. Esta no solo obliga a demoler la glorieta, sino que multa al Concello y a la Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas con 32.460 euros. Ante esta resolución solo cabe recurso potestativo de reposición ante el presidente de la CHMS o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El Concello ya anunció que optará por la primera vía y la consellería «analizará o contido da resolución e probablemente interporá recurso fronte a ela».
La Xunta cree que puede existir "marxe para a legalización das actuacións por parte do Concello" y este, por su parte, también confía en que se pueda alcanzar una solución "entre as tres administracións", aunque la resolución de la Confederación es rotunda y no da opción a esa posibilidad.
La rotonda y el vial fueron construidos para dar acceso al nuevo puente de Paradai, en virtud a un convenio firmado por la Xunta y el Concello en 2009, aunque el primer acuerdo entre administraciones para la ejecución de esa y otras infraestructuras que solucionaran los problemas de comunicación del barrio se había firmado diez años antes. Paradai esperó más de tres lustros por el puente, que costó 2,6 millones de euros, y todavía aguarda por dos de las obras previstas en el traído y llevado plan Paradai, como la mejora de la Calzada das Gándaras y de la calle Serra de Meira, desde la rotonda ahora en entredicho hasta Carlos Azcárraga.
El problema, según la CHMS, es que el enlace entre el puente y Serra de Meira, que incluye una gran rotonda, fue realizado sobre la canalización del Rato que hizo el organismo de cuenca en 2010 "para mejorar el régimen hidráulico del cauce, no para la construcción del vial y la glorieta", según la Confederación. El gobierno local discrepa y recuerda que esas actuaciones no solo estaban contempladas en el plan general de urbanismo al que la CHMS dio el visto bueno en su día, sino también en los planos del proyecto de encauzamiento que hizo el organismo estatal. "Dificilmente pode alegarse que unha obra de soterramento de augas obedece á finalidade de regularizar o réxime hidráulico do curso fluvial", sostiene el Concello, quien además precisa que la colocación de una losa sobre esa canal obedece necesariamente a la previsión de utilización de la parte superior. "A estrutura e conformación da lousa que cubre o cauce só ten sentido, atendidas as súas grandes dimensións, para dar soporte físico a unha infraestrutura importante", recalca.
La cuestión es que, según la CHMS, no es suficiente con que la infraestructura estuviera prevista, tal como admite en la resolución, sino que el Concello tenía obligación de solicitar autorización, tal como establece la legislación relativa a obras públicas que se hacen en cooperación con entidades locales, argumenta. La Xunta, por su parte, tenía la obligación de comprobar que esa autorización existía, asegura la CHMS, que por esa razón hace responsables a ambas administraciones a partes iguales. Sin embargo, también el Concello discrepa en este aspecto. Asegura que la obligación de pedir informe, "que non autorización", es una novedad introducida por el Real Decreto 1290/2012, en fecha posterior a la aprobación del proyecto, en 2010.
