Tras estudiar el expediente de la fábrica de la luz de Lugo y consultar a la Abogacía del Estado, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) propone denegar la solicitud de prórroga de la concesión de aprovechamiento hidroeléctrico que le concedió al Concello en mayo de 2015. No solo eso, sino que el organismo plantea la extinción de la concesión de aguas, lo que supondría el punto y final al polémico proyecto de rehabilitación y explotación de las antiguas instalaciones eléctricas de Lugo, que fue otorgado a la empresa Inca en un proceso no menos controvertido durante uno de los mandatos de José López Orozco.
La propuesta de la CHMS todavía no es definitiva, sino que está pendiente de un trámite de audiencia a las partes, pero el informe del Abogacía del Estado refrenda parte de los motivos expuestos por Adega en la solicitud de caducidad de la concesión que presentó en noviembre pasado.
La concesión de aprovechamiento de caudales (con ampliación de los mismos) que la CHMS otorgó al Concello establecía que las obras necesarias para volver a poner en marcha la primera fábrica de la luz que tuvo Lugo debían hacerse en 18 meses. Ese plazo terminó el 12 de noviembre. El incumplimiento de esta u otras condiciones de la concesión implicaría su caducidad, según recoge la resolución.
Los trabajos apenas se han iniciado por distintas razones, desde la construcción de un dique que fue declarado ilegal y tuvo que ser retirado, la revocación de permisos y el establecimiento de nuevas condiciones para intervenir en el río y el hecho de que la fábrica de la luz sigue sin estar a disposición de Inca.
Un día antes de que se agotara el plazo, el Concello solicitó una prórroga, pero el Reglamento de Dominio Público Hidráulico establece que las prórrogas deben solicitarse con una antelación de dos meses y con documentación justificativa, lo que no sucedió, según señala la Abogacía del Estado.
Pero, además, Adega, señala que hay más razones legales para que la CHMS inicie el expediente de caducidad de la concesión. Recuerda que la Ley de Procedimiento Administrativo Común dice que «tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido».
Por otro lado, en el informe recién emitido, la CHMS archiva todos los expedientes asociados al principal, como el de autorización de la polémica ataguía, ya retirada, o el de modificación de los dispositivos de franqueo o escalas de peces. El permiso para hacer estos trabajos fue revocado cuando, en el reconocimiento del terreno previo al inicio de las obras, fueron detectadas especies en peligro de extinción y vulnerables. La Dirección Xeral de Conservación da Natureza exigió nuevas medidas para minimizar el impacto sobre estas especies, que fue entregado, y en base a él la CHMS solicitó cambios en el proyecto constructivo.
EVALUCIÓN AMBIENTAL. Esta paralización se produjo a pesar de que el proyecto global de intervención en el río obtuvo declaración de impacto ambiental en su día, un trámite que Adega y la plataforma Lugo de cara ao Miño siempre cuestionaron, ya que defendían que las especies que habitan en el río no fueron bien evaluadas.
Ambos colectivos vuelven a instar al Concello a que desista de este proyecto por el impacto ambiental que supone, por su coste (el Concello ya recibió 215.000 euros de multas, que están recurridas) y la escasa rentabilidad social y económica que, en su opinión, tendrá. Incluye la construcción de un museo en la antigua fábrica y el pago al Concello de un canon de 445 euros al mes durante 38 años.
