La Audiencia Nacional ha negado el reconocimiento de la condición de refugiados a dos árabes que pretendían evitar de este modo ser expulsados del país. Sobre ambos pesaban sendas órdenes de expulsión emitidas por la Subdelegación del Gobierno de Lugo y ambos estaban ya en centros de internamientos de extranjeros, uno en Madrid y otro en Barcelona, en espera de que se cumplieran dichas órdenes.
La Subdelegación de Lugo había dictado las órdenes de expulsión ya que los dos habían sido encarcelados en varias ocasiones por diversos delitos. Se trata de un argelino que dijo haber combatido en su país contra los yihadistas y de otro árabe que, pese a estar identificado como argelino, asegura que es palestino pero que perdió los documentos.
El argelino relata como un asunto relacionado con yihadistas un hecho que su Policía considera un delito común
En el primero de los casos, el demandante pidió asilo en España, a donde llegó en 1999, tras relatar una peripecia previa en Argelia que incluía la guerra contra los yihadistas mientras cumplía el servicio militar en Argelia, las amenazas de estos cuando dejó el ejército, una huida a Marruecos, una oscura colaboración forzada con los integristas y hasta una colaboración con la Policía española contra el terrorismo islámico. En 2002, indicó en sus alegaciones ante la Audiencia Nacional, conoció en Alcañiz (Teruel) a un argelino que tenía relación con Al Qaeda y colaboró con la Policía en su detención. Posteriormente, recibió "una llamada diciéndole que era un delator y que ya le verían en Argelia".
No obstante, la Audiencia Nacional recoge que hasta en dos ocasiones la Delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó de que el solicitante no se encontraba en necesidad de protección internacional.
Además, resultó que había estado en prisión en su propio país como sospechoso de ayudar a un grupo de personas para entrar en su pueblo y robar en una farmacia y que en estos años de estancia prolongada en España había regresado varias veces a Argelia "sin haber manifestado sufrir acoso o persecución". Además, tampoco encuentra documentación alguna que pruebe su colaboración con la Policía española, a lo que se une que en España ha tenido varias condenas, una de ellas de dos años y medio por robo.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados tampoco lo consideró como tal
En cualquier caso, los jueces de la Audiencia inciden en que las supuestas amenazas que refiere en su país parecen más relacionadas con actos de naturaleza puramente criminal, y valoran el hecho de después de más de 15 años en España nunca hubiera solicitado asilo hasta que se dictó por parte de un juzgado auto de internamiento y se le trató de aplicar la orden de expulsión que había establecido la Subdelegación de Lugo.
Por todo ello, los jueces no encuentran en su petición requisito alguno de los incluidos en la legislación internacional del derecho a asilo o del estatuto del refugiado, por lo que rechazan su recurso y mantienen la orden de expulsión del país.
