La Audiencia Provincial ha confirmado el archivo del caso Bebé, siete años después de que se iniciase esta investigación sobre supuestas irregularidades en los procesos de retirada de custodia y posterior adopción de una decena de niños por parte del Servicio de Menores de la Xunta. El tribunal provincial rechaza los recursos interpuestos por seis de la madres afectadas contra el sobreseimiento provisional que había ordenado el juzgado de instrucción.
La Sala Penal de la Audiencia apoya el argumento defendido tanto por la jueza instructora como por la Fiscalía en el sentido de que las pruebas practicadas durante esta larga investigación, en la que llegó a haber imputadas más de una decena de personas, quedó probada la inexistencia de delito alguno, y menos de aquellos por los que se inició la operación: prevaricación, falsedad documental y coacciones.
Según argumenta la ponente de la sentencia, Ana Rosa Pérez Quintana, «no consideramos que se haya producido en ninguno de los casos una actuación arbitraria de la Administración, en cuanto que esa actuación siempre se debió a una motivación específica, con independencia de que hubieran podido producirse irregularidades o excesivas premuras en su actuar, en aras de la protección de los menores».
Los magistrados de la sala tampoco ven evidencias de que «se hayan producido presiones, empleando violencia o intimidación, para conseguir que los padres biológicos consintiesen las adopciones, ni tampoco que existan falsedades en los informes o en las resoluciones, con independencia de los juicios u opiniones que los profesionales pudieran emitir».
En cualquier caso, recuerda el auto judicial, si las familias afectadas no estaban de acuerdo con las resoluciones siempre tenían la opción de recurrir a las vías civil o administrativa, cosa que varias de ellas hicieron con nulo éxito.
CASO A CASO. El auto, por otro lado, entra en el fondo de cada uno de los seis recursos que se interpusieron, y expone cuáles eran las circunstancias familiares que se daban en los casos investigados y que llevaron a la decisión de los técnicos de Menores de la Xunta de proteger a los niños. Son, evidentemente, circunstancias extremas: padres toxicómanos que no les prestaban la más mínima atención, madres con problemas mentales e incapacitadas legalmente con familiares que no podían hacerse cargo de los niños, parejas que convivían en un ambiente permanente de violencia familiar, con órdenes de alejamiento y denuncias por maltrato e incluso por abusos sexuales contra las criaturas... Todas ellas situaciones terribles y alarmantes que, en opinión de la Audiencia, justificaban las decisiones tomadas.
Pese a la contundencia del auto de la Audiencia y del apoyo de la Fiscalía, varias de las partes personadas en el caso estudian la posibilidad de recurrir el auto de archivo ante el Tribunal Supremo.
