Dolores y David López Núñez, dos hermanos lucenses, no se pueden creer que la vivienda que heredaron de su padre en Ombreiro vaya a ser derribada la próxima semana, después de que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) iniciara un expediente de demolición que supuestamente nunca les comunicó. Según explican, se enteraron del problema que se les venía encima hace tan sólo unos días, cuando recibieron una llamada de la Policía Autonómica anunciándoles que una patrulla estaría presente en su propiedad durante los trabajos de derribo.
Nada más colgar el teléfono, Dolores y David comenzaron a movilizarse y se pusieron en contacto con la Aplu, donde les facilitaron el expediente relativo a su inmueble. "Mi padre hizo la casa en el año 2004, en suelo rústico. Le dijeron que cuando se aprobara el PXOM el terreno sería edificable y que fuera haciendo la obra conforme al resto de la legalidad. El problema", explican, "es que todavía no se pudo legalizar por el retraso que lleva el Plan Xeral. Y en algún momento, alguien -no sabemos quien- nos denunció".
Los dos hermanos no cuestionan si la casa tiene que derribarse o no, pero se sienten "totalmente indefensos" porque no pudieron presentar alegaciones al expediente de demolición, tal y como permite la Ley. El problema es que todas las comunicaciones figuran a nombre de su madre, que no es la propietaria de la vivienda.
Los documentos que aportan los afectados demuestran que la casa es un bien privativo de los dos hermanos. De hecho, la nota simple del registro de la propiedad, la certificación catastral, el testamento, y el pago del impuesto de sucesiones, ponen de manifiesto que ambos son los únicos propietarios de la vivienda. "En la Aplu nos contestaron únicamente: Es vuestra madre, que os lo hubiera dicho. Pero, ¿que saben ellos la relación que tenemos con nuestra madre? Son ellos los que cometieron una absoluta negligencia profesional, ya que no comprobaron quien era el propietario de la edificación".
QUERELLA. Tanto es así que Dolores y David López presentaron una querella criminal contra el director xeral de la Aplu y los funcionarios que intervinieron en el expediente. "Aunque sea nuestra madre, es una tercera persona y su nombre no figura en ningún documento relativo a la vivienda. No sabemos de dónde lo sacaron", explican.
Los afectados alegan además que la agencia indicó "falsamente" al juzgado que la vivienda era propiedad de su madre. "Hay una orden judicial para entrar y demoler una casa propiedad de esa persona, pero no la nuestra". Por este motivo, los dos hermanos enviaron un escrito a la Aplu advirtiendo de que la edificación es de su propiedad y que, ya que no hay ninguna orden judicial a su nombre, "prohiben" el acceso de cualquier persona a su propiedad.
Los dos hermanos solicitaron medidas cautelares para paralizar la demolición, "pero las denegaron porque, al no ser vivienda habitual, consideran que no es urgente y que se puede resarcir el daño. Es decir, primero la tiran y, si al final tenemos razón, ya nos recompensarán", concluyen.
