Cuatro empleados de una empresa lucense se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal número 1 de Lugo porque presuntamente falsificaron la firma de un compañero de trabajo con la intención de poder cobrar una subvención del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) por importe de 13.169 euros.
Este organismo, que depende de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, había aceptado un proyecto de esa empresa por una cuantía cuatro veces mayor, 55.450 euros.
El fiscal solo atribuye el delito de falsedad en documento oficial a una de las procesadas y la acusación particular, ejercida por el afectado, lo extiende a otros tres compañeros de trabajo.
El ministerio fiscal reclama para la investigada un año y seis meses de prisión y 2.700 euros de multa, mientras que la acusación particular eleva la petición de privación de libertad a dos años para cada uno. El letrado de la defensa pidió su libre absolución.
El Igape, que inicialmente había dado el visto bueno a un proyecto presentado por la empresa, no llegó a abonar esa subvención
UNA DÉCADA DESPUÉS. El caso se remonta a hace diez años. En septiembre de 2011, según puso de manifiesto el fiscal, la procesada presentó ante el Igape una solicitud de cobro de 13.169 euros "como consecuencia de gastos que comprendían conceptos e importes aprobados como subvencionables para un proyecto aceptado por el citado instituto por importe de 55.450 euros".
Esa solicitud "fue presentada a nombre del afectado, simulando su firma, y habiendo sido elaborada por la acusada", precisó el ministerio público.
El Igape no llegó a abonar esos 13.169 euros solicitados, ya que casi tres años después, el 26 de febrero de 2014, dictaba una resolución de incumplimiento total con la revocación de la ayuda.
Esta petición de subvención se vio ralentizaba, como sucedió con otras resoluciones de este organismo de la administración autonómica, debido a las irregularidades detectadas por la Justicia en la operación Campeón, en la que el principal imputado fue el empresario de Laboratorio Nupel Jorge Dorribo, fallecido hace casi dos años y medio.
