El juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha abierto juicio oral contra once investigados en la pieza principal de la denominada operación Pokemon, así como contra dos empresas, por las presuntas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de la grúa por parte del Ayuntamiento de Lugo a la compañía asturiana Cechalva, en 2005, así como por la supuesta existencia de una caja B en la empresa para presuntamente realizar los pagos pactados por haber conseguido la adjudicación del servicio.
Entre las once personas que se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo figura Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo. La Fiscalía lo acusa de cometer los siguientes delitos: cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y violación de secretos por funcionario público. Por ello, solicita que sea condenado a nueve años y medio de cárcel, al pago de una multa de 950.000 euros y a la inhabilitación para empleo o cargo público durante 32 años.
La Fiscalía pide que el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exteniente de alcalde de Lugo sea condenado a nueve años y medio de cárcel e inhabilitado para empleo o cargo público durante 32 años
J.M.R., a quien se le atribuye ser el enlace entre Cechalva y el político implicado, se enfrenta a una petición de siete años y ocho meses de cárcel por presuntamente cometer delitos de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y contable. De los mismos delitos están acusados tres socios de la empresa (M.S.G., J.P.C.E. y J.L.A.A.), para quienes el fiscal exige, respectivamente, penas de prisión de siete años y ocho meses; seis años y tres meses; y dos años y tres meses. A J.E.C.L. y a A.P.V. les imputa un delito contable y otro de falsedad en documento mercantil, por los que solicita, para cada uno de ellos, dos años y tres meses de prisión.
Otras dos personas investigadas están acusadas de cometer un delito de falsedad en documento mercantil, por el que se enfrentan, respectivamente, a una petición de seis meses y de un año y nueve meses de cárcel. Por último, el Ministerio Público solicita tres años y medio de cárcel para un acusado de un delito de blanqueo de capitales; y, para otro sospechoso del mismo delito, cuatro años de cárcel. Además, para cada una de las dos empresas implicadas demanda el pago de una multa de 4.050 euros y la inhabilitación, por un plazo de siete meses, para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar en el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
En el auto, la jueza confirma la libertad provisional de los investigados, pues explica que no han variado las circunstancias respecto a cuando acordó la medida. En la resolución, debido a las responsabilidades pecuniarias en las que podrían incurrir los acusados, ordena requerirlos para que presten fianzas que oscilan entre los 2.400 y los 1.266.666 euros.
Esta última, que es la más alta, es la solicitada al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo. Contra el auto de apertura de juicio oral de la pieza principal de la operación Pokemon, la cual consta de alrededor de 170.000 folios, no cabe presentar recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.
