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El juzgado adjudica en subasta por 1.500 euros 133 muebles de la Cámara

Sede de la Cámara de Comercio en la Avenida de Ramón Ferreiro. X.PONTE
Sede de la Cámara de Comercio en la Avenida de Ramón Ferreiro. X.PONTE

El material fue embargado por las deudas contraídas por la entidad con 23 extrabajadores

LUGO. El juzgado de lo Social número 2 de Lugo ha adjudicado en una subasta por un importe total de 1.468,94 euros 133 muebles que embargó a la Cámara de Comercio de Lugo por las deudas salariales que tiene contraídas con 23 extrabajadores.

La adjudicataria es una empresa madrileña que se dedica al comercio de artículos de oficina. Su oferta era ligeramente superior a la mitad del valor en el que estaban tasados estos muebles, que ascendía a 2.908,75 euros.

Se trata de mesas, sillas, sillones, sofás, armarios, estanterías, mostradores, cajoneras, percheros y un fax y una impresora que se encontraban en las dos sedes que tuvo la Cámara, la principal de la Avenida Ramón Ferreiro y el edificio Forcam de Augas Férreas. La primera está embargada por los extrabajadores y la segunda pasó a manos de una entidad financiera en una subasta porque el organismo no pudo afrontar un préstamo hipotecario que tenía.

El juzgado está pendiente de adjudicar otros nueve lotes de muebles y artículos de oficina de esta corporación de derecho público porque los 2.538,43 euros que puso encima de la mesa el postor madrileño no alcanzan la mitad del valor en el que están tasados.

Esta instancia judicial le dio la posibilidad a la Cámara de quedarse con ellos por más de ese importe, pero esta no tiene recursos, por lo que más probable es que acabe entregándoselos a la empresa que pujó por ellos.

También sigue pendiente de ser subastada la sede de Ramón Ferreiro, embargada a instancias de los extrabajadores, a los que el organismo adeuda 2,5 millones de euros en total en concepto de indemnizaciones por sus despidos y sueldos pendientes.

Esa puja pública se tiene que celebrar a raíz de que solo uno de los 23 extrabajadores demandantes se opusiera a la adjudicación del inmueble a una consultora lucense que ofreció 920.000 euros. Alegó, entre otros argumentos, que el edificio está tasado en más de dos millones de euros. Era precisa la unanimidad del personal para cerrar la operación mercantil.

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