Está acostumbrado a lidiar con el conflicto y no tiene pensado acobardarse ante las dificultades que le depara el nuevo escenario obligado por la pandemia. José Antonio Varela Agrelo —que el próximo año cumplirá diez años como presidente de la Audiencia Provincial de Lugo— afronta el futuro judicial con cierta cautela, pero con altas dosis de compromiso y convencido de que jueces y funcionarios estarán a la altura de las circunstancias. "Ahora le toca a la Justicia hacer un gran esfuerzo", dice.
¿Qué radiografía haría de los juzgados lucenses antes de la crisis sanitaria y en qué medida les afectó la paralización motivada por el Covid-19?
Antes de la crisis, en Lugo había ya una serie de órganos que estaban sobrecargados, como los juzgados de lo Social y los civiles, por ejemplo. Un acontecimiento sobrevenido, como fue la crisis del Covid-19, obligó a suspender las actuaciones judiciales y los plazos, y eso, obviamente, provocó un estancamiento de los procedimientos que estaban señalados, e impidió señalar otros. Y además hay que tener en cuenta que en Galicia todavía nos estábamos recuperando de la huelga de funcionarios. Sin embargo, también hay que decir que esta situación no afectó por igual a todos los órganos. En la sección civil de la Audiencia Provincial, por ejemplo, al no depender de la celebración de juicios, hemos seguido resolviendo al mismo ritmo que antes. Es más, Lugo fue la provincia gallega que más asuntos resolvió porcentualmente por magistrado en este órgano.
¿Hubo entonces alguna jurisdicción que se haya visto especialmente perjudicada con respecto al resto?
Yo creo que la más afectada fue la jurisdicción Civil, aunque también la Penal y los juzgados de lo Social. Sin embargo, a pesar de la pandemia, todos los órganos han seguido funcionado. De hecho, muchos jueces tenían sentencias pendientes de dictar y el estado de suspensión de la actividad les ha permitido ponerse al día. No se puede decir que la Justicia haya estado paralizada.
Además de resolver casos pendientes, los juzgados ingresarán ahora nuevos asuntos originados por la pandemia. ¿Qué incidencia tendrán las consecuencias de la crisis sanitaria en la Justicia lucense?
Por una parte, habrá que resolver los asuntos que estaban en los despachos preparándose para ser presentados y surgirán otros como consecuencia de esta situación. Yo creo que se va a percibir sobre todo un aumento de conflictos en materia laboral, a consecuencia de los Ertes, y también en materia de familia, ya que en muchos casos habrá que compensar la pérdida del derecho de visitas por parte de alguno de los progenitores, y si hay conflictividad, llegará a los jueces. También se prevé un incremento importante en materia mercantil, por los concursos. Además ahora, las personas fícasicas también pueden entrar en concurso, no solo las empresas. Hay estudios que han calculado que puede haber un incremento del 80% en materia laboral y un 100% en material mercantil.
Se prevé un aumento del 80% de casos en materia laboral y del 100% en materia mercantil
Y en la jurisdicción Penal, ¿se ha registrado o se prevé un incremento de denuncias por posibles negligencias en residencias de mayores o en el ámbito sanitario?
Podrá haber casos, pero de momento, lo que podemos decir es que hay una estadística comparativa de los dos últimos meses y en los juzgados de Instrucción, que mantuvieron su actividad, hubo un descenso del 40% de asuntos presentados con respecto al mismo periodo del año anterior.
Aunque algunos órganos se verán más afectados que otros, ¿como se va a gestionar en general la entrada masiva de asuntos?
La pandemia hizo que determinados colectivos fueran los que dieran la cara y tuvieran que hacer un gran esfuerzo durante todo este tiempo, como los sanitarios y los cuerpos de seguridad del estado. Y a partir de ahora, yo creo que las consecuencias económicas y de conflictividad social harán que seamos otros colectivos de servidores públicos, entre ellos los de la Administración de Justicia, y también las administraciones públicas en general, los que tengamos que hacer un esfuerzo por cumplir con nuestro deber con el mayor sentido de la responsabilidad. La Justicia ahora tiene que contribuir a la reactivación económica, que preocupa a todos los sectores de la sociedad, y para eso necesita medios. Es importante recordar que para alcanzar fortaleza y recuperación económica, un factor fundamental es la seguridad jurídica, y eso implica que la respuesta judicial a los conflictos tiene que ser rápida y de calidad, lo que significa que quizá haya que reforzar determinados órganos judiciales. De todo ello es consciente el Consejo General del Poder Judicial, que ha elaborado un plan de choque muy ambicioso.
El plan del CGPJ para afrontar la nueva realidad generó alabanzas, pero también críticas. ¿Qué aspectos destacaría como positivos y en qué considera que cojea?
Es un plan de choque que incluye medidas de agilización, medias organizativas y una propuesta de reformas legislativas. Y además, plantea que todo eso se desarrolle en un entorno laboral con medidas de prevención para los trabajadores y para las personas que acudan a los órganos judiciales, siendo además muy sensible con los colectivos más vulnerables. Es obvio que siempre es muy dificil contentar a todo el mundo, pero mi opinión en general del plan es positiva, sobre todo porque ha sido fruto de un diálogo y también porque atiende a las peculiaridades de cada territorio. Las críticas que pueda recibir hay que tomarlas de forma positiva, y si hay alguna cosa que se pueda mejorar, el propio plan prevé los mecanismos para poder solucionarlo.
Con ese planteamiento, ¿podremos hablar de normalidad judicial a corto plazo?
Yo espero que sí, pero los ciudadanos tienen que ser conscientes de que hay determinados casos que tienen prioridad. De hecho, entre las medidas de reorganización que contempla el plan del CGPJ también están unos protocolos de readaptación de las agendas de señalamientos, para establecer preferencias. Hubo determinados asuntos que incluso durante el estado de alarma no estuvieron suspendidos, como los que afectaban a la libertad de las personas o a la situación de los menores, o los asuntos del registro civil, por ejemplo, y a la hora de reanudar la actividad también se van a seguir unos protocolos. Es muy difícil calcular los tiempos, pero yo estoy convencido de que todo el mundo hará un esfuerzo para volver a la normalidad lo antes posible.
En Lugo ya había varios juzgados con sobrecarga y todavía nos estábamos recuperando de la huelga de funcionarios
Magistrados y funcionarios se han sumado al teletrabajo durante el confinamiento, ¿ha sido efectivo o ha servido para revelar las carencias de la Justicia en materia de modernización y digitalización?
Esto supuso un cambio de mentalidad para todos. Algo tan elemental como la telellamada por video de whatsapp, por ejemplo, nos ha permitido solucionar de forma telemática muchas cosas. Hemos celebrado deliberaciones y los jueces de instrucción han tomado declaración a muchos detenidos de forma telemática, con el detenido en la comisaría acompañado de su abogado. También se han celebrado juicios e incluso plenos de la sala de gobierno del TSXG. Todos estos instrumentos tecnológicos han funcionado razonablemente bien y han supuesto un ahorro de tiempo y dinero. En Lugo, ya tenemos un juzgado, el Social 3, que está completamente digitalizado; no hay papel y todo está en soporte electrónico. Si este ensayo sigue siendo exitoso, muchas cosas se mantendrán en el futuro.
Yo siempre digo que lo más importante que tiene que tener un juez, al margen de la formación jurídica que se le supone, es sentido común. Cuando hay personas que por sus actuaciones, públicas o privadas, están demostrando lo contrario, eso no es bueno para la imagen de la Justicia y el sistema tiene que actuar. Lo que pasa es que tenemos un sistema garantista para todos, incluso para los propios jueces. El juez es una persona que ejerce un poder del Estado y tiene una responsabilidad, pero también es un funcionario que logró su plaza por un proceso público y para apartarlo hay que seguir también un procedimiento. Aquí en Lugo ha habido ejemplos de que, aunque fuera tarde, los mecanismos han funcionado y ha habido sanciones por determinadas conductas. Yo creo que la gente valora el trabajo de la mayoría de los jueces y la prueba está, no solo en las encuestas, sino también en el número de asuntos que se judicializan, que es muy alto. El número de asuntos que entran en los juzgados es un índice de la confianza de los ciudadanos en el sistema. Creo que la ciudadanía sabe perfectamente discernir que los casos aislados no ocultan una realidad, y es que la mayoría de los jueces es gente muy bien preparada, muy trabajadora y que tiene una vocación de servicio. Las excepciones que se puedan producir son inevitables porque somos un colectivo, como todos los demás, con personas de distintas formas de ser y de pensar.
Se van a encontrar con una Justicia cada vez más moderna, con más medios telemáticos, y se van a tener que desplazar a menos actos procesales. Aunque a lo mejor van a tener que soportar coyunturalmente una demora en la resolución de sus expedientes, salvo en casos preferentes. Pero tienen que ser conscientes de que los recursos son escasos y que los jueces no tenemos una autonomía presupuestaria, sino que dependemos de las decisiones políticas de las administraciones, a las que hay que recordar que invertir en Justicia es siempre rentable. Los medios telemáticos no impiden que el juez se tenga que estudiar el asunto y somos un país con una ratio de jueces por habitante muy inferior a la media europea. Si queremos reactivar la economía es fundamental que tengamos la posibilidad de dar una respuesta rápida a los problemas. Los jueces tienen que conciliar su trabajo con su vida familiar y con su derecho a la salud. Aquí llevamos una racha de muchos jueces que han tenido graves enfermedades por diferentes motivos, pero no podemos dejar de tener en cuenta el estrés que genera la responsabilidad de este trabajo. Mientras no tengamos una ratio de jueces por habitante equiparable al resto de Europa, la rapidez irá por barrios.
