Todos los operadores del sistema judicial, sean jueces, abogados, fiscales, procuradores o funcionarios, coinciden en lo básico: el final del confinamiento y el retorno a la actividad causará prácticamente de inmediato una avalancha de nuevos casos en los juzgados que, unida a la reactivación de los actuales que han estado paralizados durante la crisis, amenaza con llevar al sistema al colapso. En lo que ya difieren los análisis según a quién se le pregunte es en las posibles soluciones. Todos estos colectivos están presentando en estos momentos sus propuestas para tratar de mitigar en lo posible el impacto.
La violencia de ese impacto dependerá de lo que se extienda el estado de alarma y el parón económico, y del alcance de las medidas que se tomen por parte del Gobierno para mitigar los efectos en la sociedad, pero todos dan por seguro con lo que ya se sabe que será brutal: muchos de Ertes se transformarán en Eres y estos en demandas por despidos, habrá miles de concursos de acreedores de personas jurídicas y físicas, las demandas por impago o desahucios subirán exponencialmente, habrá divorcios, se iniciarán procedimientos por herencias de miles de fallecidos durante la crisis sanitaria, se recurrirán buena parte de las miles de sanciones que se han impuesto por incumplir las medidas de confinamiento, habrá demandas por responsabilidad civil por negligencia contra administraciones o residencias privadas de ancianos... La lista de posibilidades es interminable.
Lo peor será lo derivado de la crisis económica (despidos, cierres, impagos) y las reclamaciones civiles y contra la administración
Todos estos nuevos asuntos se unirán, además, a la reactivación de los que ya estaban pendientes, y cuya tramitación fue paralizada durante la pandemia, ya que el CGPJ prohibió a los abogados y procuradores que se tramitasen escritos y solo desde hace unos días se está volviendo a permitir, aunque con muchas restricciones. En el caso de Galicia, lloverá sobre mojado, porque todavía no se había conseguido recuperar del todo la normalidad después de la huelga de funcionarios de hace dos años.
Por si fuera poco, el grueso de la avalancha que se espera descargará sobre las jurisdicciones más relacionadas con la actividad económica, los juzgados de lo Social y de lo Mercantil, que eran precisamente las que ya encontraban más sobrecargadas en estos momentos, precisamente por los coletazos de la grave crisis económica de 2008 y de algunas de sus derivadas financieras, como la gestión de las preferentes y el resto de productos tóxicos bancarios y, más recientemente, las cláusulas suelo de las hipotecas.
El caso de Lugo es paradigmático: los juzgados de lo Social estaban señalando vistas para 2022, contaban con dos jueces de refuerzo y se acababa de pedir por parte del CGPJ la creación de un nuevo juzgado; por lo que respecta al único juzgado Mercantil, que es además de Primera Instancia, es el más saturado de toda la provincia, hasta el punto de que el TSXG aprobó medidas de apoyo para tratar de que otros jueces se prestaran a darle apoyo de manera voluntaria, pero hasta ahora ninguno ha solicitado la comisión de servicio.
Los funcionarios han estado trabajando en servicios mínimos durante la primera fase del confinamiento (solo uno por juzgado) y solo los de guardia y registro en la fase más dura, para volver hace unos días a la fase inicial de uno por juzgado.
Así, los jueces sí han podido ir avanzando, por ejemplo, en la redacción de sus sentencias pendientes, o los fiscales en sus escritos, pero no se ha podido continuar con la mayoría de los expedientes.
