La Junta de Personal de Diputación de Lugo estudia acciones legales tras el rechazo a la RPT

La propuesta del gobierno socialista contaba con la unanimidad de las cuatro centrales sindicales con representación

El presidente de la Junta de Personal de la Diputación de Lugo, Antonio González Chaín, de UGT, ha manifestado que estudian emprender acciones legales y recurrir a la Justicia, después de que el PP y el vicepresidente de la institución provincial, Manuel Martínez, rechazaran con sus votos en el pleno la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Chaín ha explicado que la propuesta que llevaba el gobierno provincial socialista contó con la unanimidad de las cuatro centrales sindicales con representación —UGT, Comisiones Obreras, CSI y CIG—, un hecho que ha calificado de "histórico". "En treinta años que llevo aquí nunca antes se había llegado a un acuerdo unánime", ha esgrimido.

Tras el rechazo a la nueva RPT (que afecta a 392 funcionarios y 100 trabajadores de personal laboral), el sindicalista ha destacado que ahora la ley "establece un periodo de un mes en el que las centrales sindicales tendrán que solicitar de nuevo convocar la mesa de negociación".

Al respecto, ha avanzado que estudiarán esta posibilidad "con calma". "Porque vamos a asesorarnos legalmente", ha abundado. "No queremos dar ningún paso equivocado", ha apostillado.

Preguntado sobre si esto quiere decir que están dispuestos a acudir a la Justicia, ha respondido que "por supuesto". "Vamos a estudiar todas las fórmulas legales que nos permitan sacar esto adelante o intentaremos una nueva negociación intentando conseguir lo que ya habíamos obtenido", ha subrayado.

"MONEDA DE CAMBIO"

Asimismo, Chaín ha incidido en que el acuerdo de los cuatro sindicatos suponía un "hito" en la institución. El presidente de la Junta de Personal asegura "no" entender ese cambio de criterio e interpreta que se pueda estar utilizando a los funcionarios como "moneda de cambio".

El rechazo a la modificación de la RPT se produjo tras el cambio en la gestión de las residencias de mayores a través de Suplusa, sociedad urbanística que preside Manuel Martínez, cuya encomienda de gestión se le ha retirado a Suplusa para asumirla la junta de gobierno de la Diputación. 

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