La responsable de una empresa de venta de artículos de descanso y electrodomésticos, con sede en Vigo, se sentó el martes en el banquillo de los acusados del Penal 1 de Lugo por estafar supuestamente a un anciano de la capital y a varias entidades financieras. Además de imputar a esta mujer, el ministerio público acusa también al agente comercial de la empresa, que está declarado "en rebeldía" y no se presentó al juicio.
La acusada -que se enfrenta a una condena de tres años de cárcel- explicó que, a pesar de figurar como administradora, no era ella quien tomaba las decisiones empresariales. "El otro acusado me ofreció un puesto de trabajo a cambio de que yo figurase como administradora, ya que él no podía. Yo acepté, pero realmente era una dependienta. Él buscaba los clientes, hacía los contratos y los traía cubiertos con los datos. Yo únicamente los firmaba y les ponía el sello de la empresa para enviarlos a las financieras. Los contratos traían los datos del cliente y figuraba también la copia del DNI, así que, aparentemente, todo era correcto", señaló.
Según explica la Fiscalía en su escrito, en los años 2011 y 2012 el acusado era agente comercial de la empresa y se desplazaba por toda la comunidad gallega. En una ocasión, el hombre viajó hasta Lugo y le vendió diferentes productos a un anciano, con el que firmó también un contrato de financiación. El acusado aprovechó los datos personales que obtuvo de esta persona y, junto con la imputada -que era administradora y accionista de la empresa- tramitaron nuevos contratos a nombre del anciano, con sus correspondientes acuerdos de financiación. Para ello, los estafadores imitaron la firma del hombre, sin su consentimiento, y no llegaron a entregarle ningún artículo.
Los acusados tramitaron tres contratos de préstamo fraudulentos con la entidad Findirect, otros dos con Cofidis y otros tres con Abanca. Los acusados abonaron solo algunas cuotas de todos estos préstamos, por lo que adeudan a las tres entidades un total de 6.833 euros. El ministerio fiscal reclama también una indemnización de 3.766 euros para el anciano -en este caso para los herederos, ya que la víctima falleció en 2020-por el dinero defraudado.
