A juicio por estafar 309.800 euros a 36 personas con falsos empleos en el Hula

El fiscal pide seis años de prisión para cada uno de los tres acusados que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Lugo a partir de este lunes
Edificios del Hula, donde se produjo el robo. XESÚS PONTE /AEP
photo_camera El hospital Lucus Augusti (Hula). XESÚS PONTE (AEP)

Catorce años después de que tuviesen lugar los primeros casos tres personas se sentarán la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo porque presuntamente estafaron 309.800 euros a 36 víctimas con el pretexto de conseguirles un puesto de trabajo en el Hula.

La Fiscalía solicita para cada uno de los procesados seis años de prisión y 5.400 euros de multa, así como que indemnicen conjuntamente a los estafados con esos 309.800 euros defraudados, junto con los intereses legales correspondientes.

Esa prolongada espera para que se celebre el juicio condicionará probablemente que esa pena privativa solicitada finalmente se reduzca porque se aplicará la atenuante de dilaciones indebidas.

La estafa, según precisa el ministerio público, se cometió entre 2008, cuando aun estaba en obras el hospital, y 2012, cuando ya llevaba un año en funcionamiento.

Cometieron la estafa entre 2008, cuando el Hula aun estaba en obras, y 2012, cuando ya llevaba un año en funcionamiento

Dos de los acusados, que son hermanos, ofrecieron a conocidos y amigos puestos de trabajo en empresas que prestarían servicios que el Sergas externalizaría en el Hula, como limpieza, cocina o ambulancias.

Las cantidades que exigían eran entre 6.000 y 12.000 euros, dependiendo del empleo al que se aspiraba. Las víctimas solían pagar por un puesto para ellas o para familiares suyos, sobre todo para hijos.

Los dos hermanos, una mujer y un hombre, cobraban esas cantidades y después le entregaban una parte a la otra acusada. Para dar más credibilidad les decían a las víctimas que esta tenía amistad con altos funcionarios de la Xunta e incluso aseguraban que la hermana procesada, que era funcionaria en otra administración pública, mantenía una relación sentimental con uno de esos cargos.

Los acusados cobraban por adelantado la mitad de la cantidad acordada y decían que el segundo plazo sería cuando firmasen el contrato de trabajo. Como artimaña, para poder embolsarse la cuantía pendiente les decían a las víctimas que tenían que entregársela porque había problemas administrativos o que los sindicatos estaban poniendo trabas.

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