Las claves
Paula Vilariño analiza lo sucedido en la primera jornada de juicio por el crimen del Cash Récord, en el que el acusado negó su implicación.
El acusado niega el crimen
El acusado del doble crimen del Cash Récord se negó a responder a los letrados de la acusación y solo contesta al fiscal y a su letrada. Reconoce que era cliente de ese supermercado. y que entró en prisión en el 93 por tráfico de drogas y armas. Allí, dijo, conoció a dos toxicómanos que le ofrecieron vender droga en su bar y él accedió.
"Después los cogieron con droga y se inventaron lo de Cash Record para beneficiarse. No llegaron a ir ni al calabozo", dijo.
Manuel Juan V.C. aseguró que jamás tuvo ninguna discusión ni problema con la cajera asesinada ni con el reponedor. También sostuvo que no implicó a nadie en los hechos.
El juicio se prolongará durante toda la semana y para la jornada de este martes está prevista la declaración de una veintena de testigos.
De hecho, la abogada que ejerce la acusación particular en nombre de las familias, Carmen Balfagón, aseguró al finalizar esta primera jornada de la vista oral que la del martes puede ser una prueba testifical muy importante para el desarrollo del juicio.
Las familiares de las víctimas
Isabel López y Beli Sánchez, familiares de las víctimas del crimen, admitieron tener "un poco de nervios" y desearon que "haya justicia". "Lo peor ya lo pasamos, que fue la pérdida de Elena y Esteban, y ahora por mucho que tengamos que sufrir un poquito más tampoco nos importa", añadieron. "Esperamos una resolución a favor nuestra".
La abogada de las familias
Carmen Balfagón, abogada de las famlias, que ejercen la acusación particular, declaró antes de arrancar el juicio, usando términos futbolísticos, que "es un partido que hay que jugar aunque tengamos algún elemento en contra".
La letrada aseguró que "29 años de instrucción para algo va servir", una instrucción de la que dijo que "podría haber sido bastante mejorable.
Llegada a los juzgados del acusado
Manuel Juan V.C. llega entre gran expectación a la Audiencia Provincial de Lugo, donde hoy arranca el juicio por el doble crimen del Cash Récord. Ni él ni su abogada quisieron hacer declaraciones.
La previa
Era la noche del 30 de abril de 1994 cuando Isabel, preocupada por la tardanza en regresar a casa de su hermana Elena, se desplazó hasta el Cash Récord del polígono de O Ceao de Lugo para descubrir que tanto ella como Esteban, un reponedor, los únicos trabajadores del establecimiento a la hora del cierre, habían sido asesinados a tiros en el transcurso de un robo.
Así daba inicio uno de los casos más complejos del sistema judicial español y toda una excepción: la Audiencia de Lugo abre este lunes juicio oral contra el único acusado de este crimen, una vista que se basa en el sumario judicial en abierto y en trámite más antiguo del país, que ha tardado casi 30 años en sentar a un procesado en el banquillo de los acusados.
En el transcurso de todo este tiempo, el doble crimen del Cash Récord estuvo a punto de prescribir frente a la lucha incansable de las familias de las víctimas para que no cayese en el olvido.
La investigación inicial, según denuncia la letrada de la acusación, Carmen Balfagón, "dejó mucho que desear".
Pero al final, de unos testimonios y escuchas surgieron, en tiempo de descuento, los indicios que llevaron a la declaración del que hoy es el único procesado por este crimen: un hostelero que en el momento del crimen regentaba un local en la Rúa Nova de Lugo y que hoy reside en Burgos.
En el juicio contra él, fijado en la Audiencia Provincial de Lugo, están citados a declarar unos 60 testigos, según apunta la letrada de la acusación.
Será todo un viaje en el tiempo a nivel judicial, una vista excepcional, ya que se juzgará, como determina la ley, tomando como base la legislación existente en el momento de la supuesta comisión del delito, esto es, de 1994. Esto implicará, entre otras cuestiones, que el proceso no contará con jurado popular, ya que la ley que lo rige es de un año después, 1995.
Para el procesado, las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, piden 28 años de prisión. La Fiscalía, sin embargo, no ha presentado cargos contra el procesado, pues no ve pruebas de cargo y pide el sobreseimiento.
