La pareja firmó un contrato en 2004 para adquirir este prostíbulo de Lugo por más de 1,3 millones de euros, que pagaría en diez años. Al año siguiente modificaba ese acuerdo para ampliar el plazo a 15 años.
El burdel, que hace más de una década sufrió varios incendios casi seguidos tras su cierre, tenía una superficie de 200 metros cuadrados en su bajo y otros 120 en el bajo cubierta. El inmueble sigue hoy en día sin uso y en un preocupante estado de abandono.
El ministerio fiscal solicita para cada uno de los procesados dos años y seis meses de prisión, así como una multa por importe de 1,5 millones de euros.
Este procedimiento es una de las piezas separadas de la macrocausa Carioca, que investigó en su día la que fuera titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, destinada ahora en Ponferrada, tras el castigo que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dilaciones indebidas en los procesos que llevaba.
En 2008 el proxeneta acusado se hizo con un burdel en Ourense, por el que abonó 52.200 euros. Su pareja era la encargada de controlar ese club de alterne. Y en 2011 se hacía con otro en Asturias por 192.000 euros.
También adquirió en 2008 dos casas en una urbanización de lujo en Colombia, que pusieron a nombre de la madre de ella, que es natural de ese país sudamericano, y en 2009 un local en la capital lucense por 100.000 euros –aún adeudan a su propietario casi la mitad de ese importe–. A finales de ese año, tras obtener la licencia municipal, reformaban ese bajo y abrían un pub.
Además de la compra de burdeles e inmuebles, según figura en la acusación del ministerio público, también utilizó presuntamente para canalizar los beneficios generados por su actividad ilícita un prostíbulo sito en la carretera nacional de Burgos a Soria.
A su favor
La Fiscalía redujo por dilaciones indebidas los 26 años de cárcel que pedía inicialmente.
