LUGO. El Concejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció el martes que ha abierto expediente disciplinario por falta «muy grave» a la jueza María Jesús García, titular del juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3 de Galicia, con sede en Lugo. La sanción por este hecho, de llegar a producirse, podrían implicar incluso que fuera separada de la carrera judicial.
La decisión ha sido tomada por Ricardo Conde Díaz, el magistrado al frente de la oficina del Promotor de la Acción Disciplinaria, tras instruir las diligencias informativas que se abrieron a raíz de la información, desvelada por este diario, de que esta jueza se estaba dedicando a echar las cartas del tarot en un piso que tiene alquilado en Ramón Ferreiro, cobrando por las sesiones entre 15 y 20 euros.
Este, el cobro, ha sido el punto clave en la decisión de transformar las diligencias en un expediente disciplinario. De hecho, el propio CGPJ ya había investigado anteriormente a esta jueza cuando ejercía en Canarias, cuando bailaba como stripper en un local de striptease; pero en esa ocasión tuvo que consentir su particular actividad, ya que ella alegó que lo hacía como afición y sin cobrar por ello.
En este caso, la diferencia es que el CGPJ entiende que está probado que ejercía de pitonisa cobrando, lo que supone una actividad económica absolutamente prohibida por el régimen de incompatibilidades que afecta a los jueces, uno de los más estrictos de toda la administración. De hecho, solo puede ejercer, y previa autorización del CGPJ, determinadas labores de docencia, investigación y creación artística o literaria.
Según informó el órgano de control de los jueces, el expediente se ha abierto por «una falta muy grave de las previstas en el artículo 417.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consistente en el ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado». Muy grave es nivel máximo de calificación de una falta, que puede ser también graves o leves. Esa misma ley prevé en su artículo 420 como sanciones desde una simple advertencia o una multa de hasta 6.000 euros hasta el traslado forzoso a juzgado o tribunal con sede separada, al menos, en cien kilómetros de aquella en que estuviera destinado. Pero el castigo con las muy graves puede llegar a la suspensión de hasta tres años o, incluso, la separación definitiva de la carrera judicial.
El CGPJ ha comunicado ahora la apertura de este expediente a la propia jueza, que tendrá derecho a presentar alegaciones. Una vez concluidos todos los trámites, el Promotor de la Acción Disciplinaria propondrá la sanción o el archivo del expediente.
ANTECEDENTES
El CGPJ tuvo que consentir que la jueza bailara como 'stripper' cuando ejercía en Canarias porque lo hacía por afición y gratis
EN LUGO
La gran diferencia con su comportamiento en Lugo es que aquí cobra por sus sesiones del tarot, lo que es incompatible con su cargo
No obstante, parece bastante improbable que en este caso el CGPJ se arriesgue a un archivo sin consecuencias para la jueza pitonisa, ya que cuenta con las pruebas de que estaba ejerciendo como tal. Primero, porque la propia Audiencia Provincial de Lugo le confirmó que estaba repartiendo octavillas por la calle en las que anunciaba su servicio de tarot. Y, segundo, porque obran en el expediente los testimonios de los periodistas que destaparon este caso y confirmaron que cobraba, ya que prestaron testimonio a petición del mismo CGPJ.
No entra en sus decisiones sobre permisos a los presos
en torno a mil en las dos prisiones de Lugo y la ourensana de Pereiro de Aguiar.
Estas decisiones mantenían desde hace meses en alerta tanto a las juntas de tratamiento de las propias prisiones, que veían cómo sus advertencias sobre la peligrosidad de los reclusos eran ignoradas, como por la Fiscalía, que desde que la jueza ejerce en Lugo ha tenido que triplicar sus recursos en contra de las decisiones del juzgado, recursos que en su mayor parte han sido atendidos por la Audiencia Provincial, impidiendo así la salida a la calle de individuos peligrosos.
Estos aspectos también son conocidos por la Audiencia Provincial y el CGPJ, que no ha incluido ni una referencia a los mismos en su anuncio de apertura de expediente disciplinario, pese a que la puesta en libertad de presos peligrosos tiene mayor trascendencia social que la afición de la jueza por el tarot.
