Tras más de una década poniendo a prueba la paciencia de los conductores que estacionan en las inmediaciones del Hula, los gorrillas tendrán que hacer un parón en su actividad, o al menos dos de ellos, ya que el titular del juzgado de Instrucción numero 3 de Lugo, Sergio Orduña, acaba de dictar una orden de alejamiento que les impide acercarse a menos de 300 metros del hospital.
El magistrado acordó esta medida —aplaudida por todos los usuarios del centro, y por la ciudadanía en general— después de que la Policía Nacional identificara y detuviera a los dos hombres tras recibir la denuncia de una conductora, que vio como le rayaban el coche porque se negó a darles dinero.
Los hechos sucedieron el pasado día 20, cuando una mujer aparcó su coche en el exterior del hospital y los gorrillas se acercaron apresuradamente para pedirle unas monedas. La conductora fue tajante y les dijo que no les iba a entregar cantidad alguna, por lo que no dudaron en amenazarla.
La mujer se marchó sin replicarles, pero en lugar de continuar su camino y entrar en el hospital, se quedó a las puertas del centro y pudo observar claramente como los mismos hombres le rayaban el coche con algún objeto punzante. Al verlos, la conductora se acercó de nuevo a su vehículo —que tenía daños en el lateral derecho y en el capó delantero, pero los gorrillas huyeron a la carrera.
Indignada con la situación, la afectada llamó a la Policía Nacional y denunció lo sucedido. La mujer describió detalladamente a los autores de los daños y además contó con el apoyo de varios testigos, que confirmaron totalmente su versión de los hechos.
Uno de estos ciudadanos explicó además que ese mismo día también había tenido un altercado con los gorrillas. El hombre recibió varias amenazas, pero no llegaron a rayarle el coche porque decidió no bajarse y esperar sentado en el interior hasta perderlos de vista.
En la zona había al menos otros dos turismos con la carrocería rayada y, según explicó el portavoz policial, "todo apunta" a que los daños fueron obra de los mismos autores. La dueña de uno de estos coches también formalizó la denuncia en comisaría.
ARRESTO. En cuanto tuvo conocimiento de los hechos, la Policía Nacional montó un dispositivo de vigilancia en la zona para localizar a los gorrillas, pero los dos hombres optaron por curarse en salud y durante un par de días se esfumaron del entorno del Hula.
Sin embargo, los agentes no bajaron la guardia y el día 23 los encontraron de nuevo pidiendo dinero a los conductores, por lo que los detuvieron allí mismo como presuntos autores de los delitos de daños y amenazas.
Los dos hombres -de 19 y 37 años, respectivamente- fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que se encontraba de guardia el día del arresto. Su titular, Sergio Orduña, decretó su puesta en libertad con cargos, pero dictó una medida sin precedentes en Lugo y les prohibió acercarse al Hula, al menos mientras se lleve a cabo la instrucción del caso.
Si los detenidos vuelven al Hula cometerían un delito de quebrantamiento. Hasta ahora, el único castigo eran las multas, difíciles de cobrar
Esta prohibición supone un paso importante en la lucha contra una actividad difícil de perseguir legalmente, pero ilícita sin duda para el sentido común. Y es que, hasta el momento, la única represalia a la que se enfrentaban los gorrillas era a una sanción administrativa por vulnerar la ordenanza municipal. Además, la multa casi nunca se cobraba, ya que la mayoría de estas personas carecen de medios económicos o y se declaran insolventes.
En la práctica, los gorrillas llevan años actuando con total impunidad, y más aún desde que, en octubre de 2014, el juzgado de Instrucción número 2 de Lugo anuló las denuncias que les impuso a dos de ellos la Policía Local: más de una veintena en apenas unos días. El juez entendió que las denuncias contra los gorrillas no estaban amparadas en ninguna ley, ni siquiera por las ordenanzas municipales lucenses, y que con las acusaciones por desobediencia a la autoridad se estaba utilizando un "atajo" o "subterfugio" legal.
Esta sentencia contradecía otra emitida meses antes por el mismo juzgado, pero por jueces diferentes, que imponía 90 euros de multa a un gorrilla denunciado por la Policía Local. La orden de alejamiento va un paso más allá, ya que, si la incumplen, cometerían un delito de quebrantamiento y podrían acabar en prisión.
