El juzgado de instancia número 3 de Lugo ordenó el desahucio de un sexagenario con problemas de movilidad y con varias patologías graves, un mandamiento que se ejecutó este miércoles por la mañana y que el abogado del hombre calificó de "rocambolesco", ya que el Gobierno central acordó el pasado martes prorrogar la suspensión de los desahucios de personas vulnerables hasta el próximo 9 de agosto.
"Se solicitó la paralización del procedimiento cuatro veces en la vista, en la ejecución, y después dos veces más en el trámite de lanzamiento, para que le pudieran buscar una solución habitacional, tal y como indica el real decreto en vigor. Ahora", explica el letrado, "cuando hay un lanzamiento o desahucio, el juzgado tiene que informar en la diligencia de la posibilidad de acudir a los servicios sociales cuando hay una situación de vulnerabilidad. El juzgado no hizo lo que tenía que hacer y siguió adelante. Aún estamos en estado de alarma y la motivación del juzgado a todo lo que solicitamos fue simplemente: ‘No ha lugar’. No es comprensible", dice.
El Gobierno prorrogó la suspensión de desahucios a personas vulnerables hasta el 9 de agosto, pero el juzgado siguió adelante
Tras rechazar una y otra vez las peticiones del abogado, la comisión judicial se presentó este miércoles por la mañana en el domicilio del inquilino, en la calle López Guntín, para que abandonara la vivienda. Inicialmente, el hombre no abrió la puerta, por lo que solicitaron la intervención de un cerrajero. Una hora más tarde, el afectado salió del inmueble caminando con dificultad y acompañado únicamente por su letrado, que le ayudó a transportar dos bolsas con enseres básicos. "Tengo 63 años y viví muchas cosas en esta vida, pero jamás imaginé verme en esta situación, solo y en la calle", lamentó.
Según explicó, alquiló la vivienda hace ya más de una década y dejó de pagar las cuotas hace aproximadamente año y medio. "Llevo viviendo en esta casa desde 2012, cuando la alquilé con opción a compra, y pago 472 euros al mes, más los gastos. Pagué con normalidad hasta hace algo más de un año, cuando ya no pude afrontarlo. Yo siempre he querido pagar. De hecho, en 2016 cobré 27.000 euros de un premio de la Once y le entregué 20.000 al propietario como pago del piso. Además, siempre que pude, adelanté dinero, pero cobro 679 euros de pensión y pago casi 500 de casa. Llegó un momento en el que no pude más. Le pedí al propietario que esperara un poco, ya que me van a subir la pensión, pero me tengo que ir".
El afectado alquiló el piso en 2012 con opción a compra. "Hasta entregué como pago 20.000 euros que me tocaron en la Once"
El afectado asegura que se encuentra en una situación muy complicada de salud, una circunstancia que confirman los servicios sociales municipales en un informe. "Atraviesa una situación de salud grave, con patologías severas, y es dependiente para la realización de actividades básicas", señalan esos informes.
"Me operaron de la laringe y también me dio un infarto cerebral y me invalidaron. Ahora perdí movilidad en las piernas y apenas puedo desplazarme. De las rodillas hacia abajo apenas las puedo sentir. No paro de hacer revisiones. Fui a neurología, a medicina interna y a medicina nuclear en Santiago, pero no me dan un diagnóstico claro ni un tratamiento", cuenta el hombre.
Su abogado le buscó una habitación de alquiler y critica que el juez no esperara a que los servicios sociales atendieran su caso
Su situación es extrema y su día a día es posible gracias a la ayuda que recibe del Concello. "Hasta ahora, venía un chico de servicios sociales una hora todas las mañanas y me mandaban dos días la comida del programa Xantar da Casa. También le pago 50 euros al mes a una mujer para que me planche la ropa, ya que yo no puedo".
Este sexagenario tiene familia, pero explica que la situación que atraviesan sus allegados tampoco es fácil. "Mi madre tiene 84 años, somos nueve hermanos y algunos todavía viven con ella —uno de ellos con una incapacidad psíquica— y también cuida a varios nietos. Ella no me puede acoger", expone.
La decisión judicial de seguir adelante con el desahucio dejó a este lucense en la calle. Su letrado le buscó este miércoles una habitación de alquiler a la espera de que los servicios sociales le tramiten un bono de alquiler y atiendan su caso. "Si no abona las cuotas, está claro que se tiene que ir", señala el abogado, "pero lo increíble es que el juzgado no haya esperado a que los servicios sociales le buscaran una alternativa".
