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El juez archiva tras 11 años el caso del PXOM y el Club de Golf y cree que nunca debió iniciarse

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Entrada al Club de Golf. ARCHIVO

Sobresee las acusaciones contra la exdelegada de urbanismo María Novo, su cuñado, el expresidente de la entidad deportiva, Liñares y dos representantes de la inversora Trepia

Once años después de que la Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (Alpul) presentara una denuncia por supuestas ilegalidades en la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el juez de Instrucción 1, Joaquín Brage, acaba de dictar un auto de sobreseimiento provisional de la causa. Después de acumular diligencias que el magistrado llega a calificar de "agotadoras", concluye que no hay indicio alguno de delito y da a entender que nunca debería haberse iniciado una investigación penal al respecto, ya que para dirimir supuestas irregularidades del tipo de las analizadas en el caso está la vía contencioso-administrativa, no la penal.

Esta decisión, que puede ser recurrida, supone el archivo de las acusaciones contra los seis investigados: María Novo, que ocupó el cargo de delegada de urbanismo en el gobierno de José López Orozco; su cuñado Manuel Vázquez Corredoira, de Construcciones Pedrouzo; el exconcejal Francisco Fernández Liñares; el expresidente del Club de Golf Victoriano Azcárrara, y dos de los administradores de la firma inversora Trepia, Roberto López y José Antonio Orozco. Los supuestos delitos que se investigaban eran contra ordenación del territorio, prevaricación, prevaricación urbanística, tráfico de influencia y abuso de información privilegiada.

CONTEXTO. La parte fundamental de esta investigación giró en torno a la recalificación de terrenos situados en Fixós, donde el Club de Golf pretendía ampliar el campo a 18 hoyos. Unido a ese proyecto, que estaba gestionado y asesorado por Vázquez Corredoira, otros inversores planeaban construir una urbanización ligada a esta práctica deportiva, para lo que adquirieron fincas aledañas. Por el largo camino de once años, se fueron sumando más sospechas sobre terrenos en diversos lugares, todos afectados por el PXOM que se estaba tramitando, entre ellos varios propiedad del multiimputado Liñares en la zona de A Ponte.

El magistrado considera que la investigación comenzó por un informe interesado, dice que no hay indicios de delitos e insiste en que, de haber irregularidades, serían administrativas

INTERESES PARTICULARES. Pero no solo estos. Durante la instrucción, detalla el magistrado en su auto, se llegaron a estudiar más de 5.000 parcelas. Buena parte de ellas, recuerda Joaquín Brage, estaban directamente ligadas a los representantes de la ahora desvanecida Alpul. Llama la atención sobre el hecho de que "el propio planteamiento de los interrogatorios a María Novo y a las redactoras del PXOM, por parte de la denunciante Alpul, pone de manifiesto, más bien, discrepancias de fondo en las determinaciones urbanísticas e intereses por la denunciante respecto del PXOM, pero no basadas en criterios legales imperativos que hubiesen sido abiertamente desconocidos; todo lo actuado pone de relieve solo legítimas discrepancias de fondo e intereses que, por ello y a lo sumo, habrían de resolverse en vía administrativa o contencioso-administrativa, sin que presenten relevancia penal".

En este sentido, el juez llama la atención sobre el hecho de su antecesora, Pilar de Lara, decidiera iniciar y sustentar esta investigación sobre una sola base: el informe pericial presentado por Alpul y, por tanto, pagado por la propia asociación denunciante, que no fue corroborado por ninguna de las múltiples diligencias realizadas.

CAUTELA. El magistrado advierte en su auto de que "hemos de guardar cautela frente a los intentos de judicialización penal de decisiones administrativas cuestionables o incluso ilegales, pero no absolutamente arbitrarias. En ocasiones en que hay una decisión política detrás, debe actuarse con cautela frente a los intentos de judicialización criminal indebida de la vida pública, en ocasiones durante largos períodos de tiempo, remitiendo, sin más, cuando los hechos no revisten naturaleza penal a la vía contencioso-administrativa. Porque no toda ilegalidad es constitutiva de delito de prevaricación. Eso es solo algo excepcional. Y en este caso las actuaciones denunciadas no pueden ser calificadas como absolutamente arbitrarias, ni como expresión sin más de una voluntad empecinada completamente desasistida de atisbos de racionalidad jurídica; no hay ilegalidades manifiestas, indudables, incuestionables".


PXOM

Actuaciones nulas desde 2017 y un PXOM todavía por completar

La imagen corresponde a 2006, cuando se expuso al público por primera vez el nuevo PXOM. Quince años después, todavía falta por aprobar el 5% del plan urbanístico. Y es que todo lo relacionado con este documento parece destinado a acumular retrasos. La propia investigación judicial agotó sus plazos legales el 6 de junio de 2017, según reconoce el juez en el auto de archivo, por lo que todas las diligencias realizadas en estos cuatro años serían declaradas nulas.

El juez archiva tras 11 años el caso del PXOM y el Club de Golf y...
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