Los jueces lucenses dictaron 364 medidas de protección para mujeres el pasado año

Las características intrínsecas de la violencia género, por la relación de afectividad entre agresor y víctima, obligan a no demorar ni un ápice la respuesta judicial cuando una mujer se decide a denunciar a su pareja o a su expareja por malos tratos. En esta tesitura, velar por la seguridad y la integridad física de la víctima se convierte en la prioridad absoluta y los órganos judiciales tienen la complicada tarea de tomar la decisión correcta en tiempo récord. El año pasado, los jueces lucenses adoptaron un total de 364 medidas de protección para mujeres tras apreciar algún tipo de situación de riesgo.

Cuando un hombre es denunciado por malos tratos, los magistrados pueden dictar órdenes de protección para la mujer, que aúnan distintas medidas cautelares, tanto de naturaleza civil, como penal o administrativa. De este modo, las órdenes de protección pueden incluir un amplio abanico de medidas, pero los jueces también las pueden imponer de forma aislada sin necesidad de recurrir a una protección integral.

El año pasado, de las 364 medidas adoptadas por los órganos judiciales de Lugo, un total de 279 se tomaron en el marco de una orden de protección, que implica además el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del investigado o encausado.

Según las estadísticas oficiales que acaba de publicar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los jueces lucenses enviaron a prisión el año pasado a 9 hombres tras ser denunciados por violencia de género. En cuatro de estos casos se otorgó una orden de protección a la víctima. También se acordó una medida que obligaba al denunciado a salir de su domicilio de forma inmediata, otra medida que le prohibía al presunto maltratador regresar al lugar del delito, y otra de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de entregarlas de forma cautelar a la administración competente.

También adoptaron acuerdos de tipo civil en el marco de la violencia de género y le retiraron a 20 hombres el derecho a visitar a sus hijos

El grueso de las medidas judiciales adoptadas en 2019 fueron órdenes de alejamiento, que prohibían al denunciado aproximarse a la persona protegida en cualquier lugar donde se encontrara, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo, o a cualquier otro espacio que frecuentara. Esta medida se acordó para 154 mujeres, en 108 casos con orden de protección y en los 46 restantes, sin ella. También se adoptaron 123 medidas que prohibían al inculpado toda clase de comunicación con la víctima, en 96 supuestos acompañadas de una orden de protección.

MENORES. Todas estas medidas citadas -un total de 289- corresponden al ámbito penal, pero los jueces también adoptaron 75 medidas de ámbito civil en el marco de la violencia de género. Así, en 20 casos, los magistrados acordaron la suspensión del régimen de visitas del denunciado con respecto a los hijos e hijas menores y, en diez casos, se fijó la suspensión del ejercicio de la guarda y custodia de los niños. También se acordaron 29 medidas relativas a la prestación de alimentos y una medida relativa a la protección de menores.

Por otra parte, los jueces otorgaron a 22 mujeres el uso y disfrute de la vivienda familiar. De las 75 medidas de naturaleza civil, 68 estaban incluidas en una orden de protección.

Con estas medidas, los jueces lucenses le devolvieron el año pasado a muchas mujeres un poco de calma en medio de la tormenta que implica ser víctima de una situación violenta, cuando además el agresor es una persona con la que se mantiene o se ha mantenido en algún momento una relación de afectividad.

Más de 750 víctimas 

La lacra de la violencia de género no cesa y la capital lucense no es una excepción. Tal y como revelan las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, el pasado año se contabilizaron en la provincia de Lugo un total de 754 víctimas de violencia de género, lo que supone una media de dos casos diarios. 

De los 745 supuestos registrados en 2019 en Lugo, en un total de 594 la víctima era extranjera, mientras que en los 160 restantes era una mujer de origen español. De todas las denunciantes, 73 mujeres se acogieron posteriormente a su derecho a no declarar como testigo en contra del presunto agresor. 

Detrás de estas cifras hay muchísimas mujeres que viven aterradas en sus propias casas y que necesitan protección, tanto por parte de las administraciones como de la sociedad en general, ya que la violencia de género es un problema que trasciende el ámbito doméstico.