Maniobrar para absolver a amigos, aceptar sobornos o liberar a delincuentes a cambio de dinero son solo algunos de los motivos que han llevado a varios jueces a sentarse en el banquillo de los acusados. Unos echaron por tierra su carrera judicial; otros, con algún empuje, lograron salvarse de la inhabilitación. También hay quien fue apartado por cómo llevaba a cabo las investigaciones.
Uno de los casos más mediáticos fue Baltasar Garzón. Destapó la Gürtel, desarticuló una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos y sacó de la política a una veintena de dirigentes del PP.
Garzón desactivó esa red corrupta, que en un principio parecía que salpicaba a unos pocos miembros del PP, tras casi un año de investigación secreta. Su afán por desmantelar la corrupción política le costó su carrera judicial.
Ordenó que se interceptaran las conversaciones que mantenían los encarcelados por la Gürtel y sus abogados, a sabiendas de que vulneraba el derecho de defensa. Fue descubierto y condenado a once años de inhabilitación.
Un juez fue inhabilitado por presionar al tribunal para favorecer a un amigo suyo en un proceso con 600.000 euros en juego
Su plaza en la Audiencia Nacional quedó vacía y el magistrado Pablo Ruz cogió las riendas del caso. Él siguió el mismo patrón: no fue inhabilitado pero sí apartado (por querer profundizar).
TRASLADO. Todos parecían cómodos con el nuevo juez instructor, hasta que Ruz tomó dos decisiones que despertaron recelos en el Gobierno: el ingreso en prisión de Luis Bárcenas y la entrada de la Policía en Génova. Fue entonces cuando se empezó el papeleo para trasladarlo a su lugar de origen: los juzgados de Móstoles.
Otra jueza instructora apartada de sus funciones en el caso de los Ere fue Mercedes Alaya. Aunque ella aseguró que detrás de su traslado había razones —y presiones— "políticas", el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía basó su decisión en argumentos "jurídicos", ya que Alaya no guardaba buena relación con sus compañeras de tribunal.
Y entre inhabilitados y apartados, están los indultados. El gallego Javier Gómez de Liaño, amigo de Garzón, fue condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Sogecable. Un año después, en 2000, fue indultado por el Gobierno de Aznar.
El afán por investigar, como a Garzón, le costó también la carrera judicial al juez Elpidio Silva
El ourensano abrió en falso el caso Sogecable, en el que investigó por apropiación indebida a varios dirigentes del grupo Prisa, sin denuncias previas. Liaño llevó en secreto su investigación y sacó adelante la instrucción en contra del criterio del fiscal. Impuso una fianza de 200 millones de pesetas al presidente Jesús de Polanco pese a que él mismo reconoció que no había cometido delito alguno.
Liaño fue indultado, un año más tarde, por Aznar y el Poder Judicial decidió readmitirle en la carrera dos años después. Sin embargo, no ha vuelto a ejercer.
Otros jueces utilizaron su cargo para beneficio económico, como el magistrado marbellí Francisco Javier de Urquía. Recibió cerca de 74.000 euros del cerebro del caso Malaya para comprarse una casa a cambio de favorecerle judicialmente. En agosto de 2008 fue condenado a dos años de prisión, siete de inhabilitación y una multa de 73.800 euros por prevaricación. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo absolvió y permitió su vuelta.
Como la jugada le salió bien, De Urquía repitió. Esta vez como juez instructor en la Operación Hidalgo. Solicitó a través de un amigo 60.000 euros a Azam Khan, uno de los investigados, a cambio de dejarle en libertad junto a su mujer y su hijo. Por este nuevo caso, el exjuez fue condenado aunque se libró de la cárcel y solo tuvo que hacer frente a una multa.
Nadie entró a valorar la amistad del juez Juan Poch con sus colegas. El magistrado de la Audiencia de Barcelona presionó a varios jueces para que favorecieran a un amigo suyo
NARCOTRAFICANTES. Años antes, en 2004 y también en Málaga capital, ocurrió un caso similar. El magistrado Antonio Vicente Fernández puso en libertad a un narcotraficante y a su mujer después de que le ofrecieran dinero para que los sacara de la cárcel.
Fue condenado a diez años de inhabilitación por prevaricación y cuatro años de prisión por cohecho, si bien el Supremo le levantó este último delito, evitando así ir a la cárcel, pero confirmó su expulsión de la carrera judicial.
Cada caso es grave, porque los jueces ejercen un poder del Estado: el judicial. En sus manos están algunas de las decisiones más trascendentes para la vida —y la muerte— de la ciudadanía. Un descuido del juez Rafael Tirado hizo que Santiago del Valle acabara con la vida de la pequeña Mariluz Cortés. En su juzgado se traspapeló el expediente del asesino, que tenía que estar en prisión por un delito de abusos sexuales. Su descuido le costó 1.500 euros y la vida de la niña de cinco años.
Uno de los casos más recientes es la inhabilitación del líder de Vox en Andalucía, el exjuez Francisco Serrano. Fue condenado a diez años de suspensión por modificar las vacaciones de un niño para que se quedara con su padre dos días más y así poder asistir a una procesión de Semana Santa.
El afán por investigar, como a Garzón, le costó también la carrera judicial al juez Elpidio Silva. Fue condenado en 2014 a diecisiete años de inhabilitación por la investigación del caso Blesa. La condena no le permitirá ejercer hasta los 73 años, lo que se traduce en la expulsión de su profesión.
Silva adoptó decisiones que derivaron en prevaricación, como reabrir la investigación contra Miguel Blesa sin nuevos elementos que permitieran reiniciar el caso, según el Tribunal Supremo.
Otras actuaciones de Silva, como intervenir correos de Blesa o sus viajes personales, también fueron puestas en tela de juicio, al considerar que esas pesquisas se alejaban del objeto que se investigaba, que era la concesión de un préstamo irregular.
Nadie entró a valorar la amistad del juez Juan Poch con sus colegas. El magistrado de la Audiencia de Barcelona presionó a varios jueces para que favorecieran a un amigo suyo en un proceso en el que había en juego 600.000 euros. Fue inhabilitado durante diecisiete años por un delito de prevaricación. La amistad le costó la carrera.
