Siendo Lugo una provincia con un exagerado peso de las pensiones en su PIB, es la única de las cuatro gallegas que se ha quedado sin investigados en la operación nacional divulgada esta semana que ha destapado un gran fraude en el cobro de pagas. Juan José Rodríguez Gude, director de la Tesorería General del Seguridad Social en Lugo, asegura que hay más ruido que nueces, porque los controles funcionan, aunque no siempre: nada está fuera del alcance de la imaginación de un pícaro.
¿No hay nadie de Lugo en esta investigación porque hemos hecho muy bien los deberes o porque los hemos hecho muy mal?
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no se trata de una especie de gran trama, son casos sin vinculación entre sí. Ni tampoco creo que haya gente adoctrinando sobre modos de realizar este fraude. Por los casos que hemos tenido en Lugo te das cuenta de que los patrones no tienen nada que ver entre sí.
¿Cuál es el caso más común?
Pues el típico fallecimiento y el familiar que va al banco falsificando la firma y con un certificado médico que dice que está encamado. Y luego hay otros extremos, que es cuando ni siquiera se ha inscrito el fallecimiento en el Registro, pero no es lo habitual. Lo normal es que sea porque el Registro aún no se ha informatizado, nadie nos lo ha comunicado y ha fallado el control bancario.
¿En qué consiste ese control?
Los bancos están obligados a realizar un control cada año, requiriendo la presencia del pensionista. Pero puede haber casos que se justifique la no presencia con un certificado médico y que alguien falsifique la firma. Esa es la operativa habitual. Pero el del banco es el primer control. Y luego si nosotros vemos cosas extrañas, también reclamamos que vengan por la oficina.
Tampoco es tan habitual este tipo de fraude; en la provincia de Lugo puede haber uno o dos casos al año
¿Y si ese pensionista simplemente no va un año tras otro, se da por bueno el certificado? ¿Los bancos tienen la obligación de enviar a alguien a comprobarlo?
Nos avisan y nosotros les mandamos una carta advirtiéndoles de que tienen que personarse en las oficinas. Y pedimos datos al Registro Civil para ver si tenemos correcta la información. Pero es verdad que normalmente los casos que se descubren son esos: certificados médicos y firmas falsificadas. Pero tampoco es tan habitual; salen en prensa porque son llamativos, pero no es lo normal.
¿Tiene usted cifras de Lugo?
No sabría decirle exactamente, pero por ejemplo este mismo viernes tenemos un juicio por cobro de pensión de un muerto. No sé exactamente la cantidad, pero estuvo cobrando menos de cuatro años. Ocurre que en virtud de los acuerdos que tenemos con los bancos, si estos no han hecho bien los controles tienen que asumir el pago, aunque solo de los últimos cuatro años, que es este caso. Por eso el banco acusa a esa persona de apropiación indebida. Nosotros lo calificamos normalmente como un delito contra la Seguridad Social. En la provincia de Lugo puede haber uno o dos casos al año.
En uno de los casos, una de las detenidas había contratado incluso a una actriz para llevarla al banco y presentarla como su abuela. ¿Qué se puede hacer ante eso?
Es que además hay que tener en cuenta otro factor: los DNIs, a partir de una determinada edad, no se renuevan, y el empleado del banco tiene delante a un señor de 95 años con una foto del DNI hecha hace 30. Es terreno abonado para la picaresca.
