El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe en el que abre la puerta a las reclamaciones económicas de aquellas personas que se hayan podido ver afectadas por las dilaciones injustificadas y la incorrecta forma de instruir sus causas por parte de Pilar de Lara, la jueza que ejerció en el juzgado de instrucción 1 y que dirigió la mayor parte de las macrocausas abiertas en la ciudad. Esta decisión la ha dado a conocer a raíz de la petición de indemnización por parte de Fernando Blanco, el exconselleiro del BNG que dimitió a raíz de su imputación en el caso Campeón y que mantuvo esta condición durante casi siete años, buena parte de los mismos, según indica el CGPJ, por culpa de la magistrada y sus retrasos en las tramitaciones y las respuestas.
Fernando Blanco presentó ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la administración de Justicia. En la misma, solicitaba el pago de 232.000 euros por los gastos y perjuicios causados durante la investigación. El exconselleiro fue imputado en noviembre de 2011 después de que Jorge Dorribo, entonces en prisión, realizara una declaración que lo incriminaba en el supuesto cobro de comisiones. Dorribo fue puesto en prisión y Blanco dimitió de inmediato para que su inmunidad parlamentaria no fuese un estorbo.
La instrucción recayó en el juzgado de Pilar de Lara, que durante casi siete años realizó una exhaustiva investigación en la que no se encontró ningún elemento de prueba que confirmase la declaración de Jorge Dorribo. Ante esta situación, según recoge el informe del CGPJ, su abogado, Xoán Antón Pérez Lema, reclamó en al menos tres ocasiones el archivo de las actuaciones, una en 2015 y dos en 2016. La jueza tardó hasta un año y medio en dar por recibidos estos escritos, y nunca los respondió.
En estas circunstancias, se presentó una nueva petición en septiembre de 2017, que De Lara rechazó y dio pie a un recurso ante la Audiencia Provincial, que Pilar de Lara no tramitó hasta que siete meses después el abogado presentó una queja ante el propio CGPJ. Finalmente, en noviembre de 2018, la Audiencia decretó el archivo provisional de las acusaciones contra Blanco.
SANCIONADA. Todas estas negligencias formaron parte del informe que el servicio de inspección del CGPJ detectó en las sucesivas inspecciones realizadas en el juzgado de Pilar de Lara, en las que se detectaron no solo retrasos injustificados en casi todos los sumarios, sino informes introducidos sin el debido control procesal ni registro, paralizaciones de las investigaciones durante largos periodos sin motivo y hasta vulneración de los derechos constitucionales de los implicados. Fruto de esas actuaciones, el propio órgano de gobierno de los jueces castigó a Pilar de Lara con la suspensión de empleo y sueldo durante siete meses y la pérdida de destino, por lo que hubo que dejar de Lugo. En estos momentos, ejerce en un juzgado de Ponferrada.
Tras recibir la reclamación de Fernando Blanco, el Ministerio de Justicia encargó al CGPJ la elaboración del informe preceptivo para decidir sobre el derecho a la indemnización. El encargado de redactar el informe, que posteriormente fue aprobado por la comisión permanente de este órgano, fue el vocal José Antonio Ballestero Pascual, que concluye: "El CGPJ considera que en el procedimiento que da lugar a la reclamación se ha producido un funcionamiento anormal de la administración de Justicia".
Ahora será el Ministerio de Justicia el que determine la cuantía de la indemnización, que podrá ser recurrida.
