Una de las inmigrantes que denunció por presunta explotación laboral a una empresa de Castroverde que se dedicaba a la asistencia a domicilio declaró en el juzgado de instrucción número 3 de Lugo que sus jefas ocultaron que sufrió acoso sexual por parte de un paciente al que cuidaba, que dijo que incluso se metió en su cama.
La denunciante, que dejó de prestar servicios en esa vivienda debido al comportamiento de la persona a la que cuidaba, aseguró en su declaración en el juzgado que la empresa justificó la actitud de este paciente porque la medicación que tomaba le disparaba la líbido.
Cinco inmigrantes más, todas ellas de nacionalidad colombiana, prestaron este jueves declaración en el juzgado de instrucción número 3 de Lugo. Una sexta que estaba citada no acudió.
Una de las afectadas aseguró el jueves que cuando se destapó el caso, hace dos años, las responsables de la empresa le exigieron que les entregase el teléfono móvil en el que supuestamente tenía grabadas conversaciones comprometedoras con ellas y además la amedrentaron con que sería deportada si denunciaba porque se encontraba en situación irregular en España.
Otra denunciante declaró que, como estaba sin papeles, sin estar dada de alta en la Seguridad Social, sin tener cualificación profesional para los cuidados a ancianos que prestaba, la empresa suplantó la identidad de una compatriota suya para aparentar ante la familia que contrató sus servicios que estaba todo en regla.
Otra inmigrante explicó que además de cuidar a una persona mayor en su domicilio tenía que realizar labores agrícolas y atender al ganado en la explotación.
A estas declaraciones acudieron el letrado de las denunciantes y los de las dos principales acusadas. Ni este jueves ni en las del pasado miércoles asistió representación del ministerio fiscal.
El juzgado de instrucción número 3 de Lugo investiga a cinco personas, entre ellas la jefa de la empresa de Castroverde y su hija, por este presunto caso de explotación laboral a entre 70 y 80 inmigrantes que estaban en situación irregular en España, que percibían unos 800 euros por jornadas de trabajo maratonianas.
