Detrás de cada solicitante de asilo hay una historia particular atestada de dificultades. Algunas acaban bien, cuando los refugiados logran empezar de cero y rehacer su vida en otro país, pero otras sumen a los desplazados en un pozo sin fondo, ya que se les deniega el asilo y se quedan en una situación dramática e incierta. Y es que actualmente —según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado— España solamente resuelve de forma favorable el 10,5% de las peticiones de protección internacional. El 85,5% restante tiene que regresar a su país. Este es el caso de José Alberto Izaguirre y su familia: su mujer, su hijo de 17 años, su cuñada y su sobrino de 4 años.
Estos cinco hondureños llegaron a Lugo el 16 de febrero de 2020 huyendo de la violencia y la inseguridad de su Tegucigalpa natal. El fallecimiento por causas violentas del hermano de José Alberto y las posteriores amenazas de muerte a su mujer —a raíz de este suceso— llevaron a la familia a huir del país en busca de una vida digna y tranquila. "Es muy duro ver como asesinan a tu hermano por no pagar el dinero que le exigía una organización criminal. Después de su muerte comenzaron a extorsionarnos a nosotros e incluso varias personas encapuchadas llegaron a encañonar a mi esposa. Vimos que nuestra vida corría peligro y decidimos huir del país", recuerda.
Sin embargo, la salida de Honduras de esta familia no fue fácil. Nada más llegar a España los sorprendió la pandemia y tuvieron que pasar todos el confinamiento forzoso en la misma habitación de un piso que les dejó una compatriota que residía en Lugo. Posteriormente, optaron a una vivienda que les facilitó Cruz Roja y llevaron a cabo todos los trámites necesarios para legalizar su situación en España y poder acceder al mercado laboral. Izaguirre y su mujer realizaron varios cursos de formación, escolarizaron a su hijo y a su sobrino y comenzaban a ver la luz al final del túnel.
Sin embargo, la resolución del Ministerio de Interior denegándoles el asilo truncó sus planes y echó por tierra sus esperanzas de futuro. El documento recoge que "el grupo familiar no ha aportado razones sustanciales para considerar que, en atención a sus circunstancias concretas, su vida, libertad o integridad física, corre un riesgo serio en caso de retorno a su país. Por tanto", expone, "no se aprecian fundados motivos que impliquen un riesgo real y personal para el grupo familiar".
Esta resolución cayó como un jarro de agua fría en la familia de José Alberto. "Nos dicen que no ven riesgo porque no hemos denunciado los hechos en nuestro país, por lo que no les constan las amenazas ni todo lo que pasamos. ¿Pero cómo vamos a denunciar a la Policía de nuestro país? Allí dejamos a nuestros padres y otros familiares y, si denunciamos algo, los acabarán matando. Nadie se imagina la corrupción que hay allí", lamentan.
Sin el asilo concedido, a esta familia se le cerraron además todas las puertas en España. "Al denegarnos la protección internacional ya no tenemos derecho a nada. Cruz Roja nos dijo que teníamos que dejar el piso, pero no nos vamos porque no tenemos donde meternos. Mi hijo está estudiando en el Sanxillao y mi sobrino en el Illa Verde y no podemos llevarlos a vivir debajo de un puente. Es muy triste vivir así, en una casa que no nos corresponde, pero nadie nos da una solución", explican.
"Es muy duro ver como asesinan a tu hermano por no pagar el dinero que le exigía una organización criminal. Después de su muerte comenzaron a extorsionarnos a nosotros"
Esta familia explica que vive actualmente con los 50 euros al mes que recibe de Cáritas y la comida que les donan la Iglesia Buenas Noticias y el Banco de Alimentos. "Mientras estábamos haciendo los trámites teníamos derecho a alguna ayuda, pero como nos denegaron el asilo ya no podemos optar a nada. Ni a la ayuda para libros de los niños. Pero nosotros", aseguran, "no queremos vivir de ayudas; queremos trabajar. En nuestro país trabajamos desde niños y no nos asusta nada. Cuando huimos, mi mujer trabajaba en un supermercado y yo era administrador de áreas deportivas, pero estaríamos dispuestos a trabajar en lo que sea. Nos iríamos a cualquier aldea a trabajar al campo ya que no necesitamos ningún tipo de comodidad; solo queremos trabajar para poder vivir y darle un futuro a los niños".
José Alberto y su familia cumplen en diciembre sus dos años de estancia en Lugo y ya podrán regularizar su situación, pero piden a las administraciones que se agilicen los trámites en casos como el suyo para que puedan trabajar. "Yo tengo carné e hice cursos de informática y mi mujer también hizo varios cursos y estuvo en una tienda de ropa en periodo de formación. Somos trabajadores y varias personas nos han querido contratar, pero cuando inician los papeles en la gestoría les dicen que en nuestra situación no podemos hacer el papeleo. Es muy frustrante y hemos llorado mucho. Ojalá alguien nos pueda ayudar".
