La huelga de funcionarios de Justicia, que arrancó hace más de dos meses, ha influido notablemente en el trabajo diario de abogados y procuradores y ha ocasionado importantes perjuicios a muchos ciudadanos que llevaban meses, o incluso años, esperando a que un juez resolviera su caso. El paro no ha pasado desapercibido y también ha hecho mella en los centros penitenciarios, donde muchos internos se están quedando sin disfrutar de un permiso penitenciario porque no hay funcionarios para tramitarlo.
Las madres de varios internos lucenses lamentan está situación y quieren hacer pública la "impotencia" que sienten las familias. "Mi hijo", explica una mujer, "lleva cuatro años en prisión tras acumular varias condenas por tráfico de drogas. El año pasado le concedieron su primer permiso y fue un gran respiro para él. Este año, la junta de tratamiento de la prisión le denegó dos permisos y presentamos sendos recursos ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. La jueza analizó los expedientes y nos dijo que le quiere conceder el permiso, pero que tiene los brazos atados porque los funcionarios están en huelga y no le pasan los asuntos".
Esta madre asegura que la situación «hunde» a los internos. "Mi hijo hizo algo malo y tiene que estar en la cárcel; eso es así, pero también tiene unos derechos y no se le están respetando. Desde que está en prisión no para de hacer cursos y trabajos para ganarse los permisos y es muy injusto que no pueda disfrutarlos por culpa de la huelga. Para los internos", apunta, "es toda su aspiración. Poder salir del centro, aunque solamente sea un día, es toda su vida, por lo que el trastorno que les está ocasionando la huelga es terrible".
El hijo de esta lucense tiene a sus espaldas una condena de ocho años de cárcel y en septiembre pasa al tercer grado. "Para él es muy importante poder salir de permiso para que en la cárcel vean su comportamiento y comprueben como va su reinserción. Es lo único que le da aliento y no poder salir es un jarro de agua fría. Y mi hijo no es el único que está en esta situación, ni mucho menos. Hay gente esperando por un tercer grado o por una condicional, y están verdaderamente desesperados".
Las progenitoras de los internos no quieren cargar las tintas contra los funcionarios de Justicia que secundan la huelga, pero exigen soluciones. "Pensamos que todo el mundo tiene derecho a protestar y a reivindicar lo que cree que le corresponde, pero eso no puede afectar de esta manera a los derechos de otros ciudadanos. Tendrían que organizar de alguna manera los servicios mínimos para que no sucedan estas cosas. No hay derecho a que los internos de los centros penitenciarios estén pagando las consecuencias de algo que es totalmente ajeno a ellos", dicen.
Las madres de dos internos tienen previsto reunirse estos días con la jueza de vigilancia penitenciaria de Lugo para llevarle personalmente los expedientes de sus hijos. "Intentarermos agilizar los trámites, ya que nadie mueve ni un papel, aunque no creemos que sea la solución. Tienen que arreglar esto de una vez", concluyen.
