La operación Pulpo, en la que desde hace nueve años se investigan supuestas irregularidades en algunos contratos de la Diputación de Lugo, parece a punto de desbloquearse tras un lustro cercana a la parálisis judicial. Hallan tras cinco años los expedientes que impedían avanzar al caso Pulpo. El juzgado instructor, el número 1 de Lugo, ha localizado los expedientes de varios contratos cuyo análisis se había solicitado hace cinco años, pero que nunca llegaron a ser enviados.
Intervención General de la Administración del Estado (Igae) podrá cuando los reciba emitir un dictamen del que dependerá el camino que finalmente enfilen este asunto y su principal investigado, José Ramón Gómez Besteiro. La necesidad de realizar el informe sobre estos expedientes administrativos fue una de las razones esgrimidas hasta ahora por Fiscalía y por el juzgado para eludir las peticiones de sobreseimiento de las acusaciones para el expresidente de la Diputación, las últimas que pesan sobre él y las únicas que impiden un regreso de Besteiro a la política.
Es complicado, y más tratándose de un macrosumario iniciado en Lugo por la jueza Pilar de Lara, establecer plazos con cierta posibilidad de aproximación, pero las fuentes consultadas por este diario coinciden en que se podría estar al final de la investigación de la operación Pulpo, al menos para buena parte de sus protagonistas. En el caso de Besteiro, ese plazo podría establecerse en entre cuatro y seis meses, según a quien se pregunte.
Los expedientes que han sido ahora localizados y que están siendo preparados por el juzgado para ser enviados al Igae son varios contratos que la Diputación firmó en su momento con las empresas Dioptra y Markova. El juez y la Fiscalía quieren que los interventores del Estado les digan sin hay alguna irregularidad de carácter penal en los mismos. La relación de Besteiro con dichas adjudicaciones es que su firma como presidente de la Diputación figura en varios de los contratos, aunque no en todos.
Las partes creen que en un periodo de entre cuatro y seis meses podrían tener el informe del Igae y una salida al bloqueo
Hay que recordar que la operación Pulpo, como todas las impulsadas por Pilar de Lara antes de ser sancionada por el CGPJ, ha tenido una travesía judicial muy farragosa. Lo que comenzó como una simple denuncia de una empleada provincial contra su jefe por supuesto acoso laboral se transformó en una causa general contra la Diputación Provincial y sus adjudicaciones, por lo que fueron pasando bajo la lupa de la Justicia desde el programa Km0 a los viajes de los catamaranes o las ayudas al CB Breogán, pasando incluso por la gestión de los fondos europeos de Price Waterhouse.
Gran parte de esas múltiples causas se han ido archivando a lo largo de estos años, sobre todo después de que el juzgado instructor hiciera un intento de reparto y el resto de juzgados lo rechazase. No obstante, también está por ejecutarse otro auto que el juzgado número 1 emitió en noviembre del año pasado, en el que también volvía a informar de sus decisión de deducir testimonio de algunas de las causas que siguen vivas y enviarlas de nuevo a reparto. Sin embargo, todas las partes implicadas son conscientes de que será muy difícil que otra sala acepte ahora instruir un caso que lleva abierto casi una década y que supera los 80 tomos, sin contar la documentación.
Es decir, o se cuenta con un material incontestable para procesar a alguien y enviarlo a juicio o a estas alturas esas piezas parecen condenadas al archivo, salvo que la Fiscalía esté dispuesta a asumir el impulso procesal y la realización de todo el trabajo.
