Hacienda podría intervenir los pagos del Concello por la elevada morosidad

El Concello vuelve a situarse en cifras de récord de morosidad después de que el pasado febrero el periodo medio de pago (PMP) a proveedores se situase en 105 días y se cumpliesen de nuevo dos meses consecutivos superando el límite legal de 60 días para saldar las deudas. Esta circunstancia motivó la segunda "alerta" en cinco meses del interventor municipal, que debe elaborar en este caso un informe para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que indique las causas de la elevada morosidad.

De hecho, el ministerio contempla para casos como el de Lugo, donde se incumple de forma reiterada el PMP, la intervención de los pagos para garantizar que los proveedores cobren sin tanto retraso.

El informe del interventor, quien llegó a comparar la alerta como una "segunda tarjeta amarilla" por el incumplimiento del periodo de pago, fue analizado este miércoles por la junta de gobierno y, en rueda de prensa, el portavoz socialista, Miguel Fernández, atribuía el elevado índice de morosidad a los retrasos en la tramitación de los abonos a las compañías eléctricas, aunque añadía que el ejecutivo confía en que la "implantación da facturación electrónica" ayude a rebajar los plazos de abono de facturas.

Sin embargo, ese argumento fue el mismo dado en noviembre pasado cuando llegó a la junta de gobierno la primera alerta del interventor municipal. Por aquel entonces, el informe daba cuenta de los retrasos en los pagos por encima de los 60 días que se habían registrado en agosto y septiembre, aunque Miguel Fernández explicaba también que con la facturación electrónica ya se había logrado rebajar el dato. Y sí que fue así en los meses de noviembre y diciembre, aunque a partir de enero se volvió a disparar la cifra hasta superar los cien días, lo que pone en evidencia que los problemas siguen sin resolverse.

Los datos del PMP del último año contrastan con los que registraba el Concello durante el anterior mandato, cuando se llegó a pagar a los proveedores en solo 13 días, como ocurría en diciembre de 2014. Por aquel entonces, con los mismos problemas de control de la facturación eléctrica que tiene ahora el Concello, el entonces alcalde José López Orozco comparaba ese dato con los 134 días de PMP que aseguraba que llegó a tener el Concello durante los gobiernos del PP.

Por su parte, los populares calificaban este miércoles como una "mala noticia" que Lugo siga entre los ayuntamientos de España que más tardan en pagar a sus proveedores. Su portavoz municipal, Antonio Ameijide, añadía que "lo más grave es que no se paga porque no se gestiona, ya que en las arcas municipales sí hay dinero". Además, recordaba que el Concello acabó el año 2017 "con casi 8.863 facturas sin pagar".

Mientras, la portavoz de C´s, Olga Louzao, comparaba la intervención de los pagos a proveedores que puede realizar Hacienda en Lugo con la aplicación del artículo 155 en Cataluña, donde se hizo también cargo del pago de facturas. Además, recordaba que el Concello estará intervenido hasta 2019 por Hacienda y la Xunta por haber incumplido la regla de gasto en el presupuesto de 2016.