La Agencia Tributaria tendrá que indemnizar a un empresario lucense por todos los quebraderos de cabeza que le ocasionó una multa que la administración le impuso por error. Hacienda le acabó devolviendo el dinero que le había cobrado, pero el hombre tuvo que reclamarlo ante el silencio administrativo inicial de la administración, lo que ocasionó unos gastos y un daño moral por el que Hacienda tendrá que abonarle ahora 1.500 euros.
El problema se inició con un requerimiento inicial relativo al IRPF de 2012, que terminó con una liquidación provisional con propuesta de sanción de 42.568 y 20.276 euros. El afectado recurrió esta decisión administrativa a través del Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia, que le dio la razón y anuló la liquidación provisional y el acuerdo de sanción, por lo que la Agencia Tributaria le devolvió las cantidades que le había cobrado.
Sin embargo, el empresario no se dio por satisfecho con la devolución, ya que según explicó, tuvo que solicitar un crédito para pagar lo que le reclamaba indebidamente Hacienda y eso le ocasionó unos gastos. Además, considera que se perjudicó la imagen pública de la empresa ante los clientes, por lo que reclamó ante la Agencia Tributaria una indemnización de 16.958 euros por daños materiales y morales. La administración desestimó su reclamación por silencio administrativo y el afectado recurrió a los tribunales, que le dieron la razón en el fondo del asunto, aunque consideraron "desmesurada" la cantidad reclamada y la redujeron a 1.500 euros.
TRASTORNOS. La sentencia de la Audiencia Nacional confirma que Hacienda devolvió los importes reclamados por el empresario "por la defectuosa instrucción de su expediente de liquidación y sanción", pero explica que no lo hizo de forma automática, sino que el hombre tuvo que interponer una reclamación administrativa, por lo que tuvo que contratar a profesionales y pagarles sus honorarios.
El empresario alegó además que tuvo que pagar un crédito para devolver el dinero que le reclamaba Hacienda, lo que conllevó gastos por la gestión de la tasación comercial, registro de la propiedad, seguro de vida, o la constitución de un nuevo aval bancario, entre otros. Y en cuanto a los daños morales, el empresario explicó que la Agencia Tributaria envió diversas cartas a sus clientes poniendo en su conocimiento el expediente administrativo de su caso.
El tribunal concluye que el demandante no justificó muchos de los gastos ni de los perjuicios morales que alega, ni tan siquiera que el crédito solicitado fuera para pagar a Hacienda, pero reconoce que el empresario soportó un "daño antijurídico".
El tribunal también concluye que "su necesidad de hacer frente al procedimiento administrativo primero, y al proceso judicial después para conseguir algún género de compensación, aconsejan que se le reconozca alguna cantidad".
Además, señala que el hombre tuvo que acudir a los tribunales por el "silencio negativo" de la Agencia Tributaria a su reclamación, cuando su obligación era "resolverla en tiempo adecuado".
