Una declaración jurada que tendrán que suscribir los ediles de la corporación que quieran tener acceso digital al libro de decretos del Concello y en la que se les pide confidencialidad a la hora de difundir información municipal levantó polémica entre algunos concejales de la oposición, que consideran que se intenta amordazar su labor de control del gobierno.
El escrito, que llegó este miércoles por la mañana a los correos electrónicos de los grupos remitido por la vicesecretaria municipal, María García Ferro, plantea que los ediles firmen una declaración para poder tener una clave personal de acceso a este libro de decretos, aunque las críticas de algunos portavoces municipales, como los de PP, Lugonovo y Ace-EU, llegan a raíz del tercer y sexto punto de este documento. En uno de ellos, se indica que el edil que lo suscribe se compromete "a non divulgar a información que reciba ao longo da miña relación co Concello de Lugo, tanto se esta información é propiedade da organización, como se pertence a outra administración pública ou a algunha outra entidade que proporcione o acceso á devantida información". En el otro punto, se advierte de que "o incumprimento da obriga de confidencialidade poderá dar lugar ás sancións disciplinarias que correspondan segundo a gravidade dos feitos".
El escrito que deben firmar los ediles fue elaborado por la empresa que aplica en el Concello la política de protección de datos
La interpretación de estos dos párrafos es lo que ha dado lugar a la polémica, ya que mientras que el gobierno local asegura que la confidencialidad de la que habla el documento se pide para que no se revelen "datos/información de carácter persoal" contenida en los decretos municipales, portavoces como el popular Antonio Ameijide consideran que "Lara Méndez tenta silenciar aos concelleiros coa sinatura dun documento que amordaza á oposición".
La reacción del concejal de Ace-EU, Carlos Portomeñe, también es de sorpresa, ya que tilda el documento de "papeliño infumable" y lo atribuye a la "histeria política" en la que cree que está sumido el gobierno local. Mientras, la portavoz de Lugonovo, Cristina Pérez, ve el escrito de "escesivo", porque "parece que nos tratan como delincuentes", al tiempo que defiende que los ediles "temos a obriga de trasladar aos cidadáns a información que consideremos".
Dos puntos dek escrito en los que se pide no difundir información y se advierte de sanciones son los que desataron la polémica
En cambio, los otros dos grupos de la oposición muestran más cautela a la hora de valorar esta declaración jurada, ya que mientras el nacionalista Rubén Arroxo cree "innecesario" que tengan que firmarla, porque aclara que los concejales ya saben cuando son elegidos cuál es su responsabilidad, Olga Louzao, de Ciudadanos, explica que tanto ella como su compañero de grupo suscribirán la declaración, porque asumen que ellos ya están cumpliendo con ese código de buenas prácticas para que no se difunda la información personal contenida en los decretos.
MODELO TIPO. El gobierno local también trata de quitar hierro a la polémica sobre esta declaración de confidencialidad al asegurar que el modelo de escrito que se remitió a los grupos fue "proporcionado pola empresa que se ocupa de aplicar a política de Protección de Datos de Carácter Persoal no Concello".
Sin embargo, algunos portavoces de la oposición creen que ese tipo de compromiso puede ser válido en una empresa privada, pero no para el ejercicio de la política.
