O Garañón, ese monstruo inacabado de ladrillo y hormigón que domina las mejores vistas sobre el río, está condenado a desaparecer. Otra cosa es cuándo y a qué precio, pero todo apunta a que será más tarde que pronto y que el proceso se llevará por delante un buen pellizco del dinero de los lucenses.
El auto de la Audiencia Provincial que archiva la investigación solo pone fin, provisionalmente, al proceso penal, pero todavía quedan muchos frentes abiertos. Y la práctica totalidad de ellos llevan a una indemnización. Ahora solo falta saber el montante, que puede ir desde unos pocos millones hasta más de 26.
En primer lugar, al descartarse la comisión de delitos desaparece la principal y casi única de que el Concello no tuviera que indemnizar al propietario de O Garañón, que era que este fuese condenado por algún delito en la tramitación de las licencias y la urbanización. De hecho, el sobreseimiento de la instrucción es un empujón al proceso de reclamación de indemnizaciones que se interpuso, en el que la promotora reclamaba alrededor de 26 millones en 2011. Además, sigue abierto el frente judicial de la sentencia del TSXG que anuló la licencia y ordenó reponer la legalidad. Está en vía de ejecución y el Concello debe informar cada tres meses al juzgado de los pasos que se están dando.
DOS OPCIONES. Fuentes municipales aclararon este miércoles que se están dando pasos en dos frentes: el primero para estudiar su demolición y ver quién se hace cargo y, el segundo, para modificar el PXOM en esta unidad de actuación, para lo que ya se encargo hace meses la asistencia técnica para que se aportasen las soluciones posibles.
Entre estas soluciones deberá elegir después el gobierno local "la menos lesiva para los intereses de Lugo", según explicaron dichas fuentes. La intención declarada de Lara Méndez es que todas las cuestas del Parque se considerasen zona verde, pero eso implicaría que habría que indemnizar al propietario no solo por la torre construida, sino por toda la edificabilidad de la finca, lo que dispararía con toda seguridad la cantidad a pagar.
Otra opción que aparece como viable es que traslade la edificabilidad de la parte de arriba a la de abajo, con lo que se permitiría construir edificios más bajos y con menor impacto visual. Esto reduciría la indemnización.
La promotora está en quiebra y los acreedores advierten de que no renunciarán a reclamar las indemnizaciones
EN QUIEBRA. Esos derechos de edificación o las indemnizaciones irían, en todo caso, a los acreedores de Promociones Ribe, empresa a la que la paralización de la obra y el largo proceso judicial llevaron a la quiebra. Está desde hace tiempo en concurso de acreedores, que lleva el juzgado mercantil de Ourense.
El abogado que representa a la empresa en el concurso, Javier Calvo, confirmó a El Progreso la situación de quiebra e informó de que la finca de O Garañón ya salió a subasta notarial en noviembre, por un precio que rondaba los seis millones de euros. Sin embargo, no se presentó ni una sola oferta, ni siquiera por parte del banco que soporta la mayor parte de la deuda. Está previsto que se saque nuevamente a subasta, esta vez judicial, en próximas fechas.
Calvo, no obstante, confirmó la intención de la administración concursal de proseguir con el proceso de reclamación de indemnizaciones al Concello, ya que es el único modo de que los acreedores puedan recuperar parte del dinero. Si al final se decide que O Garañón será zona verde, la reclamación será por los 26 millones aludidos más la actualización. Si se mantienen derechos edificatorios, la reclamación será por la construcción y derribo de la torre y el lucro cesante, lo que podría rondar los seis o siete millones.
