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El fraude millonario de telefonía llega a juicio con un líder absuelto de blanqueo

Bajo que ocupaba una de las empresas supuestamente implicada en la trama. XESÚS PONTE
Bajo que ocupaba una de las empresas supuestamente implicada en la trama. XESÚS PONTE

Uno de los cerebros de la trama fue juzgado en una pieza separada y la Audiencia lo condenó,  pero el Supremo revocó el fallo porque "no se describe" la conducta delictiva de la que procederían sus bienes. La pieza principal se juzgará en febrero

Hace ya doce años, en 2006, un juzgado lucense abrió una investigación por una defraudación de IVA de varios millones de euros a la Hacienda Pública con la compra de teléfonos móviles adquiridos en España -como packs con tarjetas prepago- y su posterior exportación a otros países.

Las pesquisas se prolongaron en el tiempo y el caso parecía no tener fin, pero finalmente, la instrucción se cerró y un total de 17 personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo el próximo mes de febrero por delitos contra la Hacienda Pública, contrabando, falsedad documental y estafa.

El presunto fraude llega a juicio con muchos frentes que esclarecer y con uno de los cabecillas absuelto de un delito de blanqueo de capitales. El empresario, J.C.F.S., fue imputado en una pieza separada de la principal y la Audiencia de Lugo lo juzgó, junto a su exmujer, en marzo de 2017.

El fiscal acusaba a la pareja de utilizar 16 sociedades mercantiles con sede en varias provincias españolas, de las que eran socios, para canalizar los beneficios generados "por su actividad ilícita". Según alegaba el ministerio público, el hombre fue adquiriendo desde 2003 participaciones de sociedades mercantiles en varios puntos del país -dedicadas a informática, comunicación, telefonía, automoción o metalurgia, entre otros sectores- para hacerse con su control y utilizarlas después presuntamente para intentar legalizar el dinero negro que percibía. La Fiscalía les atribuía ingresos millonarios durante siete años que el matrimonio habría utilizado para adquirir propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama, como un Porche 911, dos Audi A-8 o un Volkswagen Phaeton, entre otros bienes.

DEFENSA. En el juicio, el empresario insistió en que todos sus negocios eran legales. "Creé muchas empresas para hacer negocio con ellas y todas tenían actividad, empleados e ingresos. Era la época del auge en las telecomunicaciones y yo tan solo la aproveché. Tengo don de gentes, soy buen comercial y tengo vista para los negocios, por eso fue ampliando mi actividad", dijo.

Su exmujer reconoció ante el tribunal que había cuentas y propiedades a su nombre, pero aseguró que todo lo gestionaba su marido. "Yo no tengo ni idea de como funcionaban los negocios. Nunca hablé con vendedores ni bancos. Había locales a mi nombre, pero yo no tenía ningún poder sobre ellos. Yo simplemente me fiaba de él y hacía lo que me decían", explicó.

SENTENCIAS. A los magistrados de la Audiencia, el argumento de la pareja no les resultó creíble y los condenaron por blanqueo de capitales. Al acusado le impusieron dos años y medio de cárcel y una multa de tres millones de euros. A su exmujer, dos años de prisión y un millón de euros de multa. La pareja recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo revocó el fallo el pasado diciembre y los absolvió, al considerar que en la sentencia de la Audiencia "no se razona la causa que motiva la imposición de las penas".

Según el TS, "esa considerada actividad delictiva presumida por la sala, que motiva la condena, no ha sido juzgada y, en consecuencia, no sabemos si la misma será o no condenatoria, salvo que prejuzguemos en contra del reo, lo cual resulta vedado legalmente".

El Supremo continúa argumentando que "no se describe la conducta del acusado ni el periodo temporal en el que se desarrolla. El tribunal se limita a declarar probado que participó -sin precisar de qué forma- en la venta de minutos de telefonía a terceros, señalando únicamente que su función era adquirir tarjetas para traficar con su saldo de llamadas. No se describe el engaño, ni el perjuicio causado ni a quien. Tampoco se precisan las cuotas defraudadas que, en su caso, constituirían el dinero lavado, objeto del delito de blanqueo. No se describe de forma suficiente la conducta de la que podrían proceder sus bienes y no puede considerarse acreditado que el dinero movido entre cuentas y sociedades del acusado tenga su origen en un delito", concluye.

El TS alega además que el secreto de sumario se prolongó "de forma excesiva", por lo que se causó "indefensión" a los investigados. Por todo ello, el Supremo absolvió a la pareja del delito de blanqueo de capitales y la acusada quedó así libre de cualquier implicación en el fraude, ya que no está imputada en la pieza principal.

Compraban packs y vendían por separado teléfonos y tarjetas SIM
Los miembros de este entramado empresarial demostraban, según la acusación, unos conocimientos avanzados de ingeniería fiscal y del mercado de la exportación, pero también de informática, ya que eran capaces de sacar el máximo rendimiento del producto.

Así, las sociedades de la trama compraban muchos de los teléfonos aprovechando ofertas de las compañías telefónicas, que vendían el terminal ya con una línea con llamadas prepago, Además, tenían una red de un centenar de personas, todas jóvenes, que compraban móviles cuando los encontraban de oferta en tiendas de toda España. Al parecer, la banda les abonaba el importe de los terminales, más seis euros a mayores por cada uno.

Posteriormente, separaban los móviles de las tarjetas y vendían los terminales de forma ficticia a otras empresas —en cuyo accionariado estaban las mismas personas— y liquidaban el IVA correspondiente a la diferencia entre sus compras y sus ventas.

El siguiente paso era la exportación de los teléfonos a lugares como Hong Kong, Singapur, Bulgaria, Namibia, Estados Unidos y Emiratos Árabes. El fraude del IVA consistía —según el informe de la Agencia Tributaria— en exportar los terminales sin IVA y después pedir la devolución de este impuesto por la transacción anterior a la exportación.

Y por otro lado, la red se quedaba con las tarjetas SIM y las exprimía comercializando con los minutos de conversación que cada una tenía. Para ello utilizaban máquinas simbox, que son enrutadoras que gestionan decenas de tarjetas SIM a la vez y que permitían reconducir las llamadas hacia las tarifas telefónicas más baratas en cada momento.

Esas llamadas las vendían, por minutos, a empresas intermediarias, que a su vez las comercializaban de forma legal y las vendían a otras firmas a razón de 7 o 10 céntimos el minuto. Para que funcionaran bien las simbox —colocados en Madrid y en una casa de Lugo— era necesaría una gran cantidad de líneas y así cubrir todas las franjas horarias. Para lograrlo, recurrían a familiares y amigos para proveerse de líneas sin levantar sospechas y les pagaban una comisión.

PERJUDICADAS. En todo este proceso, las grandes perjudicadas eran las compañías telefónicas, especialmente las que en aquel momento tenían los tramos horarios más baratos, ya que en el mercado esos minutos se vendían a precio normal aunque se usaban en la franja más barata, por lo que el beneficio estaba en la diferencia.

La empresa más perjudicada por esta actuación, y de hecho la única que se ha personado como perjudicada, fue Orange. Otras como Movistar o Vodafone no están personadas, ya que en algún caso incluso pudieron salir beneficiadas porque su tráfico de llamadas aumentó.

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