LUGO. El puente blanco ha sido objeto de una sola revisión a lo largo de los siete años que lleva abierto. Se trata de una inspección técnica básica, que la normativa establece que debe hacerse cada año y medio. Es decir, que debería haberse hecho al menos en otras tres ocasiones. La ley fija también la periodicidad de las llamadas inspecciones generales —en las que se hace un examen más exhaustivo, incluyendo los elementos estructurales— en los cinco años. De estas, el puente blanco no ha recibido ninguna aunque el Ministerio asegura que se hará en los próximos meses.
La particular situación en la que se encuentra este puente se debe a las discrepancias que hubo hasta ahora sobre su titularidad y, por tanto, sobre qué administración debe hacerse cargo de esas tareas de inspección. Fomento entendía que era responsabilidad del Ayuntamiento; este, que todavía no había recibido la obra y que tenía que asumirlo el Ministerio.
Ahora, el nuevo equipo en Fomento reconoce que «mantiene y mantendrá» reuniones con el Concello para «acordar la cesión del nuevo puente al ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el protocolo de 2004». Admite de forma expresa que es suya la obligación de realizar las tareas de mantenimiento y conservación, algo que antes negaba. El grupo municipal del PP, por ejemplo, siempre entendió que el traspaso ya se había producido y que la dejadez en torno al puente solo era atribuible al gobierno local.
El caso es que, por esas razones, el puente supera los siete años recibiendo cientos de coches a diario y sin cumplir, ni de lejos, con las revisiones que exige realizar la normativa.
Sergio Couto -ingeniero de caminos de la empresa K2 Estudio de Ingeniería, que pertenece a la Asociación Galega de Empresas de Enxeñería, Consultoría e Servizos Tecnolóxicos y que está especializada en la inspección de puentes- explica que la primera revisión se hace justo después de que la empresa termine la obra y antes de entregarla. Después de esa inspección cero, pasado un año y medio, se hace la inspección técnica básica, algo que asume el personal de la administración titular de la infraestructura.
El ministerio dice que mantuvo y sigue manteniendo reuniones con el Ayuntamiento para materializar la cesión
Se trata de una revisión visual, sobre y debajo del puente, que se centra en cuestiones que se ven a simple vista, como una grieta, por ejemplo. En el caso concreto del puente blanco, Fomento explica que, efectivamente, la realizada fue una revisión rutinaria que corrió a cargo de los servicios de mantenimiento y conservación de Carreteras y en la que no se detectó problema alguno.
La norma, que es de carácter nacional y por tanto obliga a todos los puentes y viaductos con independencia de a quién pertenezcan, establece que pasados cinco años se haga una revisión general. «Es una inspección más seria y lo idóneo es que lo haga el personal más especializado posible. La Administración suele subcontratarlo a empresas especializadas», asegura. Dependiendo de las características del puente se suelen utilizar unos medios u otros. Es habitual, por ejemplo, que se contrate una cesta, un brazo móvil que permite acercar al ingeniero a los pilares para examinar si hay una fisura. «Incluso en algunos casos se usan drones», admite.
Los elementos que se resienten más fácilmente con el paso del tiempo en los puentes son los apoyos, que según señala Couto, pueden ser de goma, una especie de neopreno que tiene un desgaste mayor que el hormigón. En esa inspección de los cinco años, se va rellenando un estadillo con multitud de puntos que es preciso examinar y de los que hay que dejar constancia por escrito de su estado. Si se estima que no es necesaria hacer una intervención, pasados otros cinco años, el equipo de ingeniería que asuma la inspección va al puente con el estadillo previo y contempla la evolución: hasta qué punto la fisura se ha agrandado o cuánto se han resentido los elementos de apoyo, por ejemplo. Couto asegura que las administraciones suelen ser diligentes con esas revisiones.
Interpretación del protocolo
La cuestión de la titularidad del puente se aborda en el protocolo firmado en el 2004 entre Fomento y el Concello, sobre el que, cuando el PP volvió al Gobierno, se mantuvieron versiones opuestas. Para los populares el puente es del Ayuntamiento desde el instante en el que entró en funcionamiento.
Para el este, el protocolo exige desarrollo y la cesión está por llegar. Mientras, y aunque Fomento dice asumir labores de limpieza de maleza y otras tareas, las quejas por su estado no cesan.
