La instrucción de la operación Pulpo está en riesgo por defectos procesales que podrían derivar en motivos de nulidad. Así lo entiende la Fiscalía de Lugo, que en un escrito ha solicitado a la jueza Pilar de Lara que divida la investigación en piezas (como ya se hizo con la Carioca o la Pokemon) y envíe cada una de ellas para su reparto entre los juzgados de instrucción que correspondan, quedándose solo con la que dio origen a la causa.
Hay que recordar que la denuncia de origen de este caso la tramitó la propia Fiscalía, y se limitaba a los supuestos delitos de acoso laboral y malversación de caudales públicos en la gestión del programa Kilómetro 0 de la Diputación, en los que el investigado era Juan Carlos Fernández Pulpeiro, jefe de protocolo del ente provincial. Tras ser asumida la instrucción por Pilar de Lara, se ordenaron registros domiciliarios, en la Diputación y en el Concello, derivados de nuevos hallazgos que los agentes de la Unidade de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía realizaron cuando analizaban documentación.
A raíz de esos hallazgos, recoge la Fiscalía, la investigación giró hacia los contratos de transporte de la Diputación con las empresas del grupo Monbus y luego se fueron incluyendo, en diversas fases, supuestas irregularidades en otras adjudicaciones del ente provincial, del Concello e incluso la gestión de la Fundación Balogal del CB Breogán. De este modo, "se ha convertido en una causa global que analiza toda la actuación de la Diputación y de una parte del Ayuntamiento", se asegura en el escrito, en este último caso además, "de forma anómala".
Por todo ello, la Fiscalía recomienda que se proceda ya al desglose de la instrucción en las causas precisas y se envíen para su reparto, con el fin de evitar lo que ya pasó en dos ocasiones con otros macrosumarios de Lugo en los que no se respetó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dicta que no se pueden investigar conjuntamente delitos que no tienen conexión. Esta conexidad, insiste el fiscal, no solo no se da sino que ni siquiera está mínimamente justificada ni explicada en los propios autos judiciales.
La Fiscalía recoge las resoluciones del Tribunal Supremo respecto a las dos macrocausas aludidas (la de las multas de Tráfico y la de Castro de Rei), en las que la sala del alto tribunal no llegó a declarar nulos los procedimientos pero alertó de que con esta actuación se pueden vulnerar derechos constitucionales. De hecho, el Supremo ordenó en esas ocasiones deducir testimonio e investigar la actuación judicial.
