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La Fiscalía recurre las medidas contra los dueños del perro que cayó por la ventana

La Policía Local retira a sus dueños uno de los perros. EP
La Policía Local retira a sus dueños uno de los perros. EP

Pide que se devuelva a sus propietarios la guardia y custodia y se anule la orden de alejamiento del animal, al entender que no hay sustento legal para estas decisiones porque la jueza está aplicando a animales leyes solo para personas

La Fiscalía de Lugo también ha decidido recurrir el auto judicial por el que se procesaba a dos lucenses como supuestos autores de un delito de maltrato animal, después de que uno de los perros con los que vivían cayese por una ventana y se rompiera dos patas. Ese auto contempla la retirada de la guardia y custodia del animal a su dueños o la prohibición de que se acercaran o comunicaran por cualquier medio con el animal, medidas que la Fiscalía considera que no se ven amparadas por ninguna ley existente.

Los hechos sucedieron a principios del mes pasado, cuando vecinos de Camiño Real alertaron del estado de un perro que podría haber sido arrojado por la ventana del edificio en el que sus dueños, una pareja de ambiente marginal, vivían como okupas. La prensa se hizo eco de estos comentarios, muy extendidos en las redes sociales, y la jueza de instrucción 1, Pilar de Lara, decidió actuar de oficio.

La Fiscalía dice que se establece como medida cautelar algo que no se podría imponer como pena en una condena


Ordenó investigar a la pareja y emitió un extenso auto en el que, además de criticar la inexistencia de leyes que protegieran con más vigor los derechos de los animales, dejaba a la perra, bautizada como "Catalina", bajo la custodia de la Protectora de Animales, retiraba a sus dueños la guarda y custodia tanto de este animal como de otra perra que también vivía con la pareja y les imponía orden de alejamiento y comunicación por cualquier medio. Además, ampliaba dicha orden a cualquier persona que en el futuro asumiera la custodia del animal si este era dado en adopción. También impedía a los investigados acercarse por el Rof Codina, el hospital veterinario al que fue llevaba la perra en un primer momento y del que sus dueños se la llevaron por no poder pagar los mil euros que les pedían por la operación.

Este auto fue ya recurrido por los abogados defensores de los dos investigados, opción a la que ahora se une la Fiscalía. El ministerio público, no obstante, no reclama a la Audiencia la nulidad de todo el auto de Pilar de Lara, sino de varias de las medidas limitativas de derecho para las que no encuentra base legal alguna en el ordenamiento jurídico español. Específicamente, solicita que "se dejen si efecto las medidas en relación a la guarda y custodia del animal, así como la prohibición de comunicación y aproximación". No se opone, sin embargo, a que de momento la perra siga bajo la custodia judicial de la Protectora de Animales.

El ministerio público no duda en asegurar que comparte "los argumentos esgrimidos en la resolución en relación con la necesaria protección y bienestar de los animales". De hecho, realiza un notable esfuerzo de recopilación y repaso de los artículos legales existentes y aplicados por la jueza para fundamentar su decisión, pero de ese análisis concluye que ninguno de esos artículos es aplicable a los animales, "por carecer de condición humana". Ni siquiera siendo generosos con el "amplio ámbito de protección" de la ley con las víctimas.

En su argumentación, resalta que alguna de las medidas ordenadas por el juzgado, como la prohibición de aproximación y comunicación, se recogen en los artículos legales expuestos solo para delitos de desórdenes públicos y que se refiere a lugares como juzgados, actos públicos, deportivos o culturales. Por esta vía, recuerda, "se está estableciendo como medida cautelar" algo que ni siquiera se podría imponer como pena en caso de una condena. Además, "la medida se impone no solo respecto al animal y a determinados lugares en los que es previsible que esté, sino en relación a los detentadores de la custodia en cada momento, lo que se considera una medida desproporcionada al afectar a una pluralidad de personas indeterminada".

Este recurso contra el auto se une a los presentados por los abogados de las defensas, que además cuestionan que, a la vista de las pruebas existentes, se pueda asegurar que alguien tiró al animal por la ventana, sino que este cayó solo.

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