La Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación para la pieza principal de la operación Carioca, con la acusación contra dos guardias civiles y tres propietarios de burdeles. Las penas más elevadas con mucha diferencia son para el cabo Armando Lorenzo, cuyas actuaciones dieron origen a todo este caso, en el que se investigaron las relaciones de las redes de prostitución en Lugo con miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este cabo se enfrenta a unas penas que sumadas llegan a los 21 años y dos meses, la principal de ellas por la supuesta violación a una prostituta, que significa 11 años. Además, se le acusa de otros cinco delitos de agresión sexual (4 años y ocho meses), solicitud de favores sexuales por funcionario público (11 meses), cohecho (1 año y 11 meses), omisión del deber de perseguir delitos, tres de favorecimiento de la prostitución (inhabilitación), tentativa de extorsión (11 meses) y revelación de secretos (multa).
El escrito del ministerio público recoge con detalle un considerable número de ocasiones en las que Lorenzo presionó a mujeres extranjeras en situación ilegal que ejercían en Lugo la prostitución para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de ayudarlas a regularizar la situación. En resumen, "el procesado, entre los años 2005 y 2009, en los que se hallaba destinado en el Equipo del Emume dependiente de la Unidad Orgánica a de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, en cumplimiento de la funciones que le atribuían, participaba en inspecciones periódicas y controles en clubes de alterne o establecimientos análogos de la provincia de Lugo. En la inspección de un establecimiento venía obligado a examinar la documentación del personal y comprobar si estaba en regla según la ley de extranjería.
"En el ejercicio estas atribuciones", considera la Fiscalía, "el procesado con ánimo de satisfacer sus instintos sexuales y abusando de su condición de Guardia Civil, entabló relación con mujeres extranjeras que se hallaban en situación irregular en España, a las cuales se insinuaba o a las que, directamente, les solicitaba mantener relaciones sexuales, ofreciéndoles su ayuda para la regularización de su situación en España o para silenciar o alterar los datos que podrían determinar la apertura de un expediente de expulsión".
Presiones
Las dos fiscales que firman el escrito describen una quincena de situaciones en la que el cabo presiona a otras tantas mujeres para obtener sexo gratis, la mayoría de ellas con escaso éxito. Sin embargo, en diciembre de 2006 fue un paso más allá, cuando se presentó en el domicilio de una brasileña que había conocido en el club Eros: "Tras colocar encima de la mesa del salón un arma que portaba, se dirigió a aquélla diciéndole que sus días en España "como legal" estaban terminando, le pidió el pasaporte y le dijo que le arreglaría su situación en el país. A continuación, con ánimo de obtener su satisfacción sexual, le acarició el pelo, el pecho y la besó, pidiéndole que le practicara una felación, a lo que ella se negó inicialmente. Pero finalmente accedió, tras la reiteración por parte del procesado y dado el temor que sentía. Acto seguido, el procesado, aprovechando el temor referido y con el mismo ánimo, le hizo tocamientos en la zona genital y la penetró vaginalmente".
Junto a Armando Lorenzo se sentará en el banquillo quien era subteniente y su jefe en el Emume, J.B. De todas las acusaciones que se le imputaban en un principio, el ministerio público solo defenderá un delito de solicitud sexual por funcionario, otro de abuso sexual y uno de omisión de perseguir delitos. En total, un año y siete meses de prisión.
El relato que se presenta es que conoció a una prostituta a la que ayudó con sus papeles y a la que hizo "proposiciones de contenido sexual, llegando a besarla en la boca en varias ocasiones, tocándola y proponiéndole salir a cenar".
