La Fiscalía propone que se procese por la grúa a Liñares y a otros diez acusados

Sostiene que el exconcejal facilitó a la empresa Cechalva información privilegiada para que se hiciese con la adjudicación de este servicio
 
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photo_camera La grúa retira un turismo que estaba mal aparcado en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Lugo. AEP

PokemonUna de las tramas más jugosas de la bautizada como operación Pokemon, la adjudicación del servicio municipal de la grúa del Concello de Lugo a la empresa Cechalva y su gestión, avanza hacia la apertura de juicio oral. La Fiscalía propone al juzgado de instrucción número 1 de Lugo que procese al que fuera durante nueve años edil de este ayuntamiento y presidente durante tres de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, y a otros diez acusados.

El ministerio público, que pide también el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra más de una veintena de personas, sostiene que a los acusados se les podría atribuir los delitos continuados de cohecho, prevaricación, contable y falsedad en documento mercantil, a la espera, según precisa, de una futura "calificación jurídica más adecuada".

Hace una década la magistrada Pilar de Lara comenzaba a tirar del hilo de la madeja de la corrupción política en Lugo en la operación Pokemon. Una de las varias líneas de investigación se centró en la concesión interesada a Cechalva de la retirada de vehículos de la vía pública en la capital lucense a raíz de esas pesquisas y, fundamentalmente, de las declaraciones judiciales de uno de los socios de esta empresa, José Luis Álvarez, y de las pruebas que aportó, que, a juicio del ministerio público, apoyaron su testimonio "de forma contundente y verosímil".

En un escrito de 61 folios, presentado la semana pasada en el juzgado, el fiscal jefe Roberto Brezmes desgrana cómo el exconcejal Fernández Liñares y los demás acusados presuntamente maniobraron para teledirigir esa adjudicación y obtener después pingües beneficios.

Ese relato se comienza a escribir en 2004. Javier Reguera, que trabajaba en la entonces concesionaria de la grúa, se ponía de acuerdo con Fernández Liñares, que era teniente de alcalde y concejal de economía, para buscar otra empresa con experiencia en el sector con el espurio fin de que se hiciese con este servicio cuando saliese de nuevo a concurso.

Estos dos acusados se aliaron con Manuel Santiso, que era el propietario de la constructora Sanle. Este empresario y Reguera, "con el conocimiento y consentimiento" de Liñares, contactaron con José Luis Álvarez y Jorge Pío Cecchini, propietarios de Cechalva, que prestaba este servicio para el Ayuntamiento de Oviedo.

Cechalva consiguió facturas falsas de otras empresas para desgravar así en sus pagos a la hacienda pública

CONDICIONES. El acuerdo contemplaba que esta empresa recibiría antes de que publicase el concurso toda la información sobre los requisitos que establecería el Concello de Lugo para que prestase el servicio. A cambio abonaría mensualmente 2.000 euros, que, según el ministerio fiscal, se embolsaron entre Liñares y Reguera, y facilitaría a estos y a Santiso el acceso al capital social de la empresa, que en el caso de los dos primeros sería a través de testaferros, papel que desempeñaría Demetrio Arias, cuñado de Reguera.

En noviembre de 2005 la junta de gobierno local acordaba por unanimidad adjudicar la contratación de la retirada de vehículos de la vía pública a esta empresa por diez años, con una prórroga de dos. "El informe con la valoración técnica de las ofertas económicas presentadas otorgaba la mayor puntuación a Cechalva, que no había presentado la mejor oferta, valorando indebidamente las partidas", según el fiscal.

Uno de los requisitos era que la concesionaria dispusiese de una nave para el depósito de los vehículos retirados. Cechalva ya alquiló una en el polígono industrial de O Ceao para ese fin el año anterior. Además comenzó a emplearla antes de que el Concello de Lugo le otorgase la preceptiva licencia de primera utilización y también era preciso que este realizase una inspección, lo que no se produjo hasta cuatro años después.

La adjudicataria infló sus fustos para que el Concello de Lugo le compensase más por el mantenimiento de este servicio municipal

CAJA B. Pero las prácticas de las que se pueden derivar alguna responsabilidad penal no se quedaron ahí. Para abonar esa mordida de 2.000 euros mensuales al exedil y a su hombre de confianza - en total desembolsó 110.000 entre 2006 y 2010- y para "repartir entre los socios cantidades ajenas al ciclo tributario", unos 275.000 euros entre 2006 y 2011, la empresa tenía una caja B.

Según los informes de la Unidad de Vigilancia Aduanera a los que alude el ministerio público, los acusados "contaban con la colaboración" de al menos ocho empresas que les facilitaron facturas falsas para "generar efectivo y minorar las liquidaciones anuales o trimestrales de los distintos impuestos". También atribuían a la empresa gastos particulares. Esas cantidades no llegan al mínimo para que se considere delito contra la hacienda pública.

Dos de esos empresarios y dos asesores de Cechalva, que presentaron los "datos contables falsos" en el Registro Mercantil, también figuran en la relación de procesados que propone la Fiscalía.

Esas cantidades "ficticias", por otra parte, le generaron entre 2006 y 2012 un "sobrecoste" de casi 370.000 euros al Concello de Lugo, pues el contrato establecía que este compensaría a la adjudicataria, hasta un tope, si el coste del mantenimiento del servicio superaba los ingresos, con independencia del número de vehículos retirados.

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