La Fiscalía pide una pena de 26 años de prisión más multa para el propietario del Club Eros, Marcos Grandío Ascariz, acusado en una de las piezas separadas de la Operación Carioca por los delitos de inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores y de prostitución coactiva, así como por tenencia ilícita de armas.
En las conversaciones interceptadas, el proxeneta, que curiosamente comparte iniciales con José Manuel García Adán (propietario del Queens y cabecilla de la trama) se refería al burdel como "granja" y a las mujeres, como "vacas", "ganado" o "rebaño".
La causa fue transformada en procedimiento abreviado por un auto emitido en mayo de este año por la jueza Pilar de Lara, que decidió unir en una pieza separada las investigaciones relacionadas con el Club Eros originadas en la macrocausa de la operación Carioca, que destapó una trama de prostitución y corrupción en Lugo.
El acusado viajaba habitualmente a Venezuela para contactar con las mujeres a las que explotaba
Según el escrito del Ministerio Público, el acusado, que regentaba en la carretera A Coruña-Lugo, a la altura de Garabolos, un local destinado a la "prostitución por parte de mujeres extranjeras", viajaba habitualmente a Venezuela para contactar a mujeres a las que "pagaba el billete y daba dinero para poder entrar a España" con la intención de que ejerciesen para él la prostitución.
A lo largo del año 2009, M.G.A. conoció en este país a una mujer, la testigo protegida L., a la que, "sabiendo su precaria situación económica, familiar y social", ofreció venir a España a ejercer la prostitución en su club a cambio de abonar una deuda de 2.800 euros.
A su llegada al aeropuerto, indica, el acusado fue a recogerla y, en el trayecto, le comunicó a la mujer que tendría que vivir en el club hasta que saldara su deuda y que no podría salir sola, así como que tendría que cumplir unas condiciones de trabajo y entregarle parte de sus ganancias, con una tarifa fijada por él.
OTRA VÍCTIMA. Según Fiscalía, este modus operandi se repitió, a través de una tercera persona, con la testigo protegida V. que, no obstante, no supo que debía ejercer la prostitución hasta su llegada a España. En este caso, la deuda "contraída" ascendía a 1.800 euros.
Las víctimas solo libraban un día y trabajaban habitualmente desde las 18.00 horas hasta las 4.30 o 5.00 horas, horario que se ampliaba los fines de semana
En el escrito de acusación figura también otra mujer, I.C., residente en España desde 2006 y que, ante necesidades económicas de ella y de su familia, "comenzó a ejercer la prostitución" en el club del acusado, donde residió temporalmente, y al que también pidió prestados 800 euros.
El fiscal considera que el acusado cometió contra estas tres mujeres un delito de prostitución coactiva, al obligarlas a ejercer la prostitución según los horarios y las fórmulas establecidas por él hasta saldar la supuesta deuda, un periodo en el que tampoco podían moverse con libertad sin estar acompañadas.
CONDICIONES "EXTREMADAMENTE DURAS". El escrito recoge que las mujeres ejercían la prostitución en condiciones "extremadamente duras", con un único día de descanso a la semana incluso cuando tenían la menstruación, en cuyo caso podían no trabajar durante el primer día.
Las víctimas trabajaban habitualmente desde las 18.00 horas hasta las 4.30 o 5.00 horas de la madrugada, un periodo que se extendía hasta las 6.30 horas los viernes, sábados y domingos.
"El acusado les exigía puntualidad a la hora de bajar, no podían quedarse en las habitaciones una vez que el club estaba abierto o, en caso contrario, M.G.A. se enfadaba y gritaba, lo que provocaba en las víctimas una situación de temor a no cumplir las normas impuestas", recoge el escrito.
Era el acusado el que fijaba el precio de los pases y detraía de los primeros servicios su pago diario, ya que los clientes pagaban a través del recepcionista y no directamente a las mujeres.
En similares circunstancias, aunque sin residir allí, apunta el escrito, entre los años 2007 y 2008 ejercieron la prostitución en el Club Eros otras dos mujeres, que también "carecían de cualquier derecho inherente a su actividad", con un único día libre a la semana o la obligación de pagar una multa si se ausentaban o llegaban tarde.
Finalmente, durante los registros realizados tras la apertura de la operación Carioca, en 2009, los agentes localizaron en un vehículo del acusado dos pistolas, una de calibre 8mm y otra de calibre 6,35mm, para las que no tenía permiso. Por este motivo, solicita para él, además, dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas.
