El ministerio fiscal no aprecia indicios constitutivos de un posible delito de injurias o calumnias en las declaraciones realizadas por el portavoz de Esquerda Unida en el Ayuntamiento de Lugo, Carlos Portomeñe, en relación con la existencia de supuestas irregularidades en tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) por parte del gobierno local que entonces presidía José López Orozco.
En un escrito dirigido por el ministerio público al Juzgado de Instrucción Número 2 de Lugo, en el que el fiscal cita abundante jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, precisa que el delito de calumnias "vendría dado por imputar" al querellante, en este caso el exalcalde López Orozco, "la comisión de un delito de cohecho".
Sin embargo, aclara que "resulta obvia la absoluta disparidad entre las expresiones que se denuncian como proferidas por el investigado y la alegada imputación de un delito de dicha naturaleza".
Subraya, además, la existencia de "doctrinal legal sentada" cuando "las expresiones sobre las cuales se discute", en cuanto a la posible comisión de los delitos de injurias o calumnias, se producen "en el ámbito de la confrontación política", como sucede "en este caso".
Por ello, "cabe concluir que las expresiones" utilizadas por Portomeñe para denunciar esas supuestas irregularidades en la tramitación del PXOM "no alcanzan la entidad y la gravedad necesarias para considerarse que puedan constituir un delito de injurias".
Según su criterio, carecen "en sí mismas" del "carácter menospreciativo hacia la dignidad, fama u honestidad del querellante" y más "habida cuenta del contexto político en el que se producen".
"Se pronuncian", añade, dentro de "una manifestación del ejercicio de la libertad de expresión e información sobre un asunto de interés general". A pesar del criterio del ministerio fiscal, la causa se mantiene abierta porque existe una acusación particular, ejercida en este caso por los letrados de López Orozco.
