La Fiscalía de Lugo ha presentado ya escrito de acusación en otra de las piezas separadas de la operación Pokemon y solicita cinco años de prisión para Francisco Fernández Liñares por un delito de cohecho. Esta petición se suma a otra, también de cinco años de cárcel, que el ministerio público solicitó hace unos meses para Liñares y García-Gesto por blanqueo de capitales.
El fiscal pide cinco años de cárcel para Liñares y también para otras nueve personas -J.G.V., M.S.G., J.M.R.M., A.D.P., J.D.B.F., J.F.C., M.A.M., J.M.A.M.y M.A.P.Y. - por los contratos de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS). Solicita igualmente sendas multas de 9.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de diez años.
La Fiscalía considera probado que desde 1.999 hasta 2008, Liñares se aprovechó de su cargo de concejal en el Concello de Lugo para tejer "una red de intereses económicos concediendo contratos, puestos de trabajo o bien la gestión de servicios públicos a entidades en las que el acusado estaba interesado, todo ello a cambio de sobornos o de cantidades periódicas con las que incrementó notablemente su patrimonio". El fiscal explica que desde enero de 2009 hasta febrero de 2012, en su condición de presidente de la CHMS, "continuó con las mismas prácticas delictivas y otorgó contratos de obras a sociedades con cuyos representantes se había puesto de acuerdo a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus propiedades".
En la fase de instrucción, la juez Pilar de Lara estimó que el exedil se llevaba entre el 15 y el 20% de cada obra y aceptaba desde conejos y vino, hasta trabajos agrícolas o un chófer.
