La Fiscalía de Lugo ha remitido un escrito al juzgado de instrucción 1 de Lugo en el que expone su punto de vista sobre la pieza original de la operación Pokemon, la referida a los supuestos pagas por parte de Vendex a funcionarios del Concello para hacerse con el contrato de la Ora. Tras un completo repaso del caso y un análisis pormenorizado de las pruebas, el fiscal Manuel María Lamas concluye que existen indicios para procesar a cuatro personas, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a grupo criminal.
Estas cuatro personas son el exconcejal de Lugo Francisco Fernández Liñares; el propietario de grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta; el representante de Vendex para Galicia, José María Tutor, y el funcionario del Concello de Lugo y socio de Liñares Javier Manuel Reguera.
Por el contrario, el ministerio público reconoce que no hay indicios suficientes contra el resto de los investigados, para los que propone el sobreseimiento. Se trata del exalcalde José López Orozco, los entonces jefes de ingeniería, contratación y tráfico del Concello, además de otra funcionaria y de una empleada de Vendex.
Rodríguez Acosta confesó lo que era un secreto a voces: él, como jefe de Vendex, no hacía nada diferente a los demás: pagar para agilizar adjudicaciones. "Sí, pero a usted lo hemos pillado", replicó Pilar de Lara
Esta pieza investiga el complot supuestamente creado por los cuatro principales investigados para hacerse con la concesión del aparcamiento en superficie en Lugo. Este asunto determinó, de hecho, la suspensión de la Ora desde 2015, después de que la Justicia anulara el concurso que se la adjudicaba a Doal (filial de Vendex) tras la demanda de una de las empresas perjudicadas, Setex Aparkisa.
LA TRAMA. Manuel María Lamas explica en su escrito al juzgado que Gervasio Rodríguez, a través de su hombre en Galicia, Tutor, utilizó a Javier Reguera (funcionario y entonces responsable de los empleados de la Ora) para llegar hasta Francisco Fernández Liñares. Tras diversas reuniones, habrían pactado amañar el concurso a cambio de un pago de 3.500 euros mensuales a Liñares, que ejercería su influencia en el Concello pese a que entonces era ya presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
El avance llega tarde para el hombre que engrasaba las adjudicaciones: Rodríguez Acosta está desde hace tiempo en una residencia con una enfermedad degenerativa muy grave
Para ello, el objetivo era controlar el proceso de adjudicación del contrato público desde el principio, llegando incluso a elaborar ellos mismos (a través de un abogado) los pliegos de condiciones que más les favorecían. Los investigadores asumieron que en este proceso habían recibido la ayuda y la información privilegiada por parte de los funcionarios encargados de redactar dichos pliegos y de controlar el proceso: los aludidos jefes de tráfico de la Policía Local, de ingeniería y de contratación. Sin embargo, el fiscal no comparte este criterio, en un caso porque aprecia indicios débiles que no cree que le permitan quebrar la presunción de inocencia y, en otros, porque los funcionarios no llegaron a facilitar al grupo criminal ninguna información que fuera secreta o a la que no tuvieran derecho a acceder como parte del proceso de contratación.
Por todo ello, propone al juez instructor que cierre las diligencias previas y abra procedimiento abreviado para llevar al banquillo a Liñares, Rodríguez Acosta, Tutor y Reguera, sobreseyendo las acusaciones para todos los demás.
Critica la investigación contra Orozco al considerarla "prospectiva"
Si finalmente el juez de Instrucción 1 acepta los consejos de la Fiscalía, José López Orozco vería sobreseída la última de la decena de imputaciones que ha tenido que soportar desde que la jueza Pilar de Lara lanzó su cruzada judicial contra las instituciones lucenses. De todas habría salido ileso.
Por lo que se refiere a la relacionada con la Ora, los investigadores relacionaron al exalcalde con la trama, en incluso determinaron que parte del dinero que enviaba Vendex era dirigido a él. Además, a través de conversaciones grabadas determinaron que había ejercido influencia para colocar en una de las empresas de la trama a una lucense que necesitaba trabajo.
El fiscal Lamas lo ve de forma muy diferente. Respecto al dinero, recuerda que se le realizó una investigación financiera, económica y patrimonial exhaustiva tanto a él como a su mujer, además de a sus dos hijas: "Esto último nos lleva a recordar", afirma Lamas, "que debemos desechar tanto las investigaciones generales o prospectivas así como la extensión sin límites de las investigaciones dirigidas a explorar sin verdadero soporte real".
También rechaza que cometiera tráfico de influencias: "No estamos aquí para tratar de clarificar las acciones desde un punto de vista humanitario, solidario, al tratarse de una persona necesitada y ser el peticionario representante de los vecinos por elección".
Entre otros aspectos, rechaza que la relación de amistad y familiar que mantenían este ingeniero y su familia con Francisco Fernández Liñares —compartía la propiedad de varias fincas con los padres del funcionario— sea suficiente para que de ella se puedan derivar responsabilidades. De este modo, rechaza que pudiera cometer un delito de prevaricación (porque sus informes no son resoluciones), ni de tráfico de influencias (puesto que Liñares no era su jefe) ni de negociaciones prohibidas a funcionarios (puesto que no participaba en el negocio).
Más clara aún es su conclusión sobre otros funcioarios implicados: no solo no cometieron ilegalidad, afirma, sino que actuaron siempre dentro de las obligaciones de sus puestos.
No obstante, la solución definitiva aún puede tardar meses. Primero, hay que considerar que esta petición del fiscal no tiene carácter vinculante para el juez instructor, que puede aceptarla o rechazarla en todo o en parte. Lo más probable, sin embargo, es que acepte el criterio del fiscal, ya que es este el que tiene que llevar el caso a juicio, y abra el procedimiento abreviado en los términos solicitados. Aun así, las partes podrán presentar recurso ante esa decisión, recurso que tendría que analizar la Audiencia Provincial.
Y queda pendiente de cumplir, además, la orden de la Audiencia de que el caso se despiezase y se enviase a reparto, un aspecto que de no cumplirse también podría influir a la hora de presentar posibles nulidades procesales ante el tribunal.
