El fiscal pide el archivo de la causa para casi una decena de funcionarios del Concello

Recuerda también en su escrito el sobreseimiento dictado en su día para Orozco porque no apareció "ni una sola prueba"
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photo_camera Liñares, a su entrada en la Audiencia Provincial para asistir al juicio celebrado en el pasado mes de febrero. AEP

PokemonAunque hace casi tres años, tras el recurso de apelación presentado por su letrado, la Audiencia Provincial ya acordaba el archivo de este causa en lo referido al exalcalde José López Orozco el fiscal jefe Roberto Brezmes reafirma sin ambages ese sobreseimiento para el que fuera alcalde de Lugo durante 16 años, en el escrito que dirigió la semana pasada al juzgado que instruye esta pieza separada.

Recuerda que ese archivo no fue por "ausencia de prueba de cargo sólida o de que los indicios en su contra sean insuficientes", sino que se debió a que "no ha aparecido ni una sola prueba de su implicación en la recepción de cantidades de dinero procedentes de Cechalva, ni de que conociera las irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de vehículos de la vía pública". Y eso, según hace hincapié el fiscal jefe, tras "las exhaustivas investigaciones realizadas".

López Orozco se vio envuelto en esta pieza separada de la operación Pokemon, instruida por la jueza Pilar de Lara, porque, entre otras razones, Javier Reguera les dijo a los socios de Cechalva que el alcalde de Lugo era el destinatario de la mordida que tenían que desembolsar en contraprestación por la adjudicación del servicio de la grúa. Aunque quién recibía directamente esos 2.000 euros mensuales era el propio Reguera, que, según explica el ministerio público, los repartía con el exedil Fernández Liñares.

REGALOS. En esta pieza separada la Fiscalía también propone al juez que instruye el caso el sobreseimiento para casi una decena de funcionarios del Concello de Lugo y para el que fuera edil de infraestructuras José Piñeiro. En unos casos porque considera que sus actuaciones se ajustaron a su cometido y en otros, como el de un jefe de servicio, porque prescribió el delito de cohecho que se le podría imputar por recibir como regalo de uno de los empresarios que están acusados tres relojes en las navidades de 2006, 2007 y 2008, este último valorado en 2.130 euros.

No salen tan bien parados otros dos funcionarios del Ayuntamiento de Lugo, uno de ellos ya jubilado, para los que el fiscal sí solicita que sean procesados por asuntos que no guardan relación directa con la cuestionada adjudicación del servicio municipal de la grúa, pero cuyas actuaciones presuntamente irregulares se destaparon a raíz de esta investigación.

Liñares, que ya tiene una condena, está pendiente aún de otras dos causas
La Fiscalía recuerda en su escrito, en el que solicita al juzgado que dicte auto de procedimiento abreviado para el caso de la grúa, que la Audiencia Provincial de Lugo ya condenó hace cuatro meses a Fernández Liñares y a Manuel Santiso por dos delitos continuados de cohecho y de prevaricación por la primera de las piezas separadas de la operación Pokemon que llegó a juicio, la de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Fernández Liñares, que recurió la sentencia por lo que está a expensas de su ingreso en un centro penitenciario, fue condenado a cinco años de prisión por recibir dinero de empresas a cambio de la adjudicación de obras públicas cuando presidía este órgano de cuenca. Santiso, que fue uno de los ocho empresarios que reconocieron esos pagos, aceptó una pena de un año y tres meses de prisión.

Si el juez tiene en cuenta la propuesta de la Fiscalía, la de la grúa sería la segunda de las tramas en las que está envuelto el exedil y expresidente de la hidrográfica que llegará a juicio, pero aún le queda un amplio recorrido por delante.

Liñares todavía tiene pendientes otras dos causas derivadas de la operación Pokemon. Una de ellas es por la adjudicación de otro servicio del Concello de Lugo, el del aparcamiento Ora, que lleva inactivo desde hace seis años.

La otra es por blanqueo de capitales públicos, pues le entregó al administrador único de Artenosa Publicidad en un ocasión 38.000 euros en metálico y en otra 244.000 para comprar acciones de esa empresa. Ese dinero provenía, según recuerda el ministerio público, de las cantidades que "ilegalmente había recibido" de empresarios por la adjudicación de contratos públicos en sus etapas de concejal y de presidente de la Confederación Hidrográfica.