El fiscal pide diseminar el caso Vendex en piezas por toda Galicia, seis años después

En Lugo tan solo se quedaría un asunto de la que era una de las causas más relevantes de la operación Pokemon ► Abogados creen que se podría haber vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley y que todo podría ser nulo
Uno de los registros efectuados en el marco de la Pokemon EP
photo_camera Uno de los registros efectuados en el marco de la Pokemon. EP

La operación Pokemon estalló en 2011, una macroinvestigación dirigida por Pilar de Lara sobre supuestas prácticas corruptas en adjudicaciones de contratas públicas por toda Galicia y, con el tiempo, por toda España. En el centro de esas investigaciones se situó el grupo Vendex, un conglomerado de empresas con contratos con administraciones por todo el país. En 2015, de hecho, se decidió dividir el caso Pokemon en diversas piezas y centrar una de ellas en dicho conglomerado. Había nacido el caso Vendex, que llegó a acumular unos 250 investigados.

Ahora, seis años después, la Fiscalía de Lugo acaba de remitir un escrito al juzgado número 1 de Lugo en el que considera que este no era que debía instruir esta causa ya que no existía conexidad entre todos los asuntos investigados que permitiera asumirlos como un todo. Por eso, solicita que se desglosen y que cada uno de ellos sea enviado a los que correspondan. Muchos de ellos deberían serán enviados a juzgados de Cataluña y Baleares. El resto, hasta 32, diseminados por toda Galicia.

Si Pilar de Lara acepta la petición de Fiscalía, el único asunto de todo el caso Vendex que quedaría en Lugo sería el que mantiene como investigados, entre otros, a José López Orozco y Francisco Fernández Liñares, que gira en torno a la adjudicación del servicio de la Ora por el Concello. Pero aun así, este debería ser enviado al decanato para que procediera a su reparto al juzgado al que le correspondiera, por lo que es posible que no fuera al final el de la magistrada el que lo finalizase.

La única que quedaría en Lugo es la que gira en torno a la adjudicación de la Ora, en la que siguen figurando Orozco y Liñares

Esta decisión llega después de una azarosa tramitación. En 2015 se decidió que dada la gran cantidad de delitos investigados, personas encausadas y demarcaciones afectadas, el asunto debía enviarse a la Audiencia Nacional. Sin embargo, el envío no se realizó hasta tres años después, y la Audiencia Nacional lo rechazó. Por este motivo, se planteó cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que no apreció en los hechos investigados relevancia suficiente como para enviarlos a la Audiencia Nacional, y los devolvió a Lugo para que decidiese qué hacer con ellos.

En estas circunstancias, la Fiscalía reconoce que "se trata de asuntos que no están relacionados entre sí desde un punto de vista lógico argumental, ni lo están desde una perspectiva procesal". Para el fiscal, "la endeble y parcial conexión (que no conexidad) subjetiva no justifica en absoluto el enjuiciamiento conjunto". En definitiva, reconoce que cada asunto debería haber sido enviado a su juzgado correspondiente cuando fue conocido para ser investigado por el juez predeterminado que le correspondiese, un defecto de forma que trata de subsanar ahora de este modo. Entiende que así no se habrá vulnerado el derecho constitucional al juez predeterminado por la ley.

LAS DEFENSAS. No obstante, a juicio de varios de los abogados actuantes en este caso consultados por este diario, esta decisión podría llegar tarde, porque la instrucción está prácticamente finalizada en todos los casos y ha sido realizada por la jueza Pilar de Lara cuando no le correspondía a ella. Tendrá que ser ahora cada juzgado sobre el que recaiga cada caso el que decida al respecto, pero todos los letrados han mostrado su intención de dar esta batalla de ser necesario. Advierten, además, de que si es necesario comenzar de nuevo la instrucción de los asuntos, los delitos estarían prescritos en su práctica totalidad.

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