Tras escuchar las declaraciones de acusados y testigos, el ministerio fiscal modificó el pasado miércoles sus conclusiones provisionales y rebajó la pena que solicitaba inicialmente para los siete acusados de traficar con hachís y cocaína en Lugo en los años 2013 y 2014. Seis acusados reconocieron el martes los hechos ante el tribunal y alegaron que vendían estupefacientes para sufragar su propio consumo. Héctor Manuel P., Rafael P.F., Alejandro N.R., José Manuel B.B., y su esposa, Florentina C.M., se enfrentaban a sendas penas de cuatro años y medio de prisión por un delito de tráfico de estupefacientes, pero el ministerio fiscal rebajó su petición a dos años de cárcel para los cuatro hombres y a un año y nueve meses para la mujer. Otro de los acusados, Manuel G., alegó que únicamente había hecho de intermediario para entregarle un paquete a un amigo. Para él, la Fiscalía también pidió dos años de prisión.
El único acusado que se negó a declarar en el transcurso de la vista oral, Rubén A.P., se enfrenta a una condena que podría implicar su ingreso en un centro penitenciario, ya que la acusación pública pidió para él dos años y 11 meses de cárcel.
Para el único acusado que se negó a declarar en el juicio pide dos años y 11 meses de cárcel
El ministerio público mantiene que los siete acusados se dedicaban al tráfico de estupefacientes en la capital lucense en el año 2013, por lo que la Policía Nacional abrió una investigación y realizó varias escuchas telefónicas autorizadas judicialmente. Los agentes realizaron un seguimiento de los sospechosos y los arrestaron en diferentes intervenciones llevadas a cabo entre el 18 de febrero y el 9 de junio de 2014. Todos ellos fueron sorprendidos con sustancias estupefacientes en su poder o en sus domicilios.
NULIDAD. Antes de comenzar la vista oral, una de las abogadas solicitó la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron lugar a los arrestos, al entender que se había vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. El tribunal analizará la petición y resolverá al respecto en ejecución de sentencia.
Tras escuchar las modificaciones del ministerio fiscal y los alegatos de los defensores, el juicio quedó visto para sentencia.
