Más de diez años de investigaciones con 307 tomos y 170.000 folios toca a su fin. El juez Joaquín Brage, que sustituyó a Pilar de Lara en el caso Pokemon, dio por concluida la instrucción con 13 encausados, después de acordar el sobreseimiento con respecto a más de una decenas de funcionarios y empresarios, y también del exalcalde de Lugo, José López Orozco, que supuso que quedase libre de todas las acusaciones como ya se publicó.

El juez relata cómo el exconcejal Francisco Fernández Liñares y sus dos presuntos socios, Javier Reguera y Manuel Santiso, de la empresa Sanle, supuestamente se pusieron de acuerdo para hacerse con la concesión de la empresa de la grúa de Lugo. El juez revela que, una vez conseguido ese contrato, establecieron una compleja trama con la connivencia de una decena de empresas de Lugo para generar facturas falsas que inflaban las cuentas de la firma.

El juez encausa a estas tres personas, a sus dos socios asturianos en Cechalva, y al cuñado de Reguera como presunto testaferro, pero también a dos contables que habrían ideado todo el mecanismo para crear la contabilidad B y a dos de los empresarios que participaron en la trama. Y solo se encausa a esos dos porque el resto se libra gracias, principalmente, a que los presuntos delitos de falsificación prescribieron.

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Entre las empresas que generaron estas cantidades irreales, en el periodo 2006-2012, figuran algunas relacionadas con el arreglo de vehículos o el suministro de combustible. En concreto, una gasolinera aportó cerca de 40 facturas, todas ellas superiores a los 1.000 euros y algunas de casi 20.000.

Con los cargos falsos, la empresa Cechalva confeccionaba dos contabilidades. Por un lado, generaba cantidades de dinero que quedaban al margen del ciclo tributario y, por otro, incrementaba el Iva deducible, todo ello encaminado a producir dinero negro con el que pagar, entre otras, la comisión de 2.000 euros que se llevaría Liñares a través de Reguera. La cifra más alta de facturación falsa se produjo en 2009, con casi 80.000 euros, y hay varios años de cifras similares, con lo cual "el Concello de Lugo debió compensar a Cechalva en mayor medida que le hubiese correspondido, generando el correspondiente sobrecoste para las arcas municipales". Fuentes relacionadas con el caso indicaron que el Concello no pagaba más, ya que el contrato solo recoge compensaciones por menor retirada de coches, aunque el tema se solventará en el juicio.

COPIAR LA FÓRMULA. Si esto no fuese todo, la empresa Sanle también instauró un método similar. Esta firma de construcción, que realiza numerosos trabajos para el Concello lucense, manejó decenas de facturas en esos mismos años, y lo curioso es que muchos de los empresarios que colaboraron en tal actividad son los mismos.

En el caso de Sanle, hay ejercicios en que se superan ampliamente los 100.000 euros de facturación fuera de la ley. Su principal colaborador, o al menos quien más le surtía, era la misma empresa de combustibles que a Cechalva, aunque se desconoce la identidad del empleado que gestionaba los pagos ficticios.

El magistrado acuerda en el auto, contra el que cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo, dar traslado al Ministerio Fiscal y, a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan pedir, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación. Ahora, lo preceptivo es que el fiscal solicite penas a cada uno de los implicados y que luego formulen sus conclusiones las acusaciones y las defensas. Si no hay contratiempos, a principios de año podría señalarse fecha para la vista oral en la Audiencia.

GRÚA BAJO CONTROL. En cuanto a la adjudicación del contrato de la grúa municipal, el juez asegura que desde que el Ayuntamiento de Lugo inició las gestiones internas para la licitación del mismo, los principales investigados "conocieron de forma ilegal, antes que ningún otro eventual licitador, información relevante sobre el procedimiento".

Como ejemplo, destaca que una de los condiciones del pliego fue que la empresa tuviera "experiencia de al menos 5 años en una población de más de 50.000 habitantes", lo que curiosamente concuerda con Oviedo, donde operaba ya Cechalva. Aun así, y pese a esta ventaja y otras, la firma no presentó la mejor oferta y para adjudicarle el servicio "se valoraron indebidamente las partidas".

Así, el juez entiende que "todas las irregularidades e incumplimientos previos, coetáneos y posteriores a la adjudicación del contrato a Cechalva fueron con-sentidos, precisamente, por el acuerdo que tenía la empresa con Liñares", quien era "conocedor de la trama", tenía capacidad decisoria sobre la concesión y reveló datos para favorecer a la empresa. A cambio, supuestamente obtenía "importantes cantidades económicas como contraprestación, así como participación camuflada a través de testaferros". Según la investigación, los 2.000 euros mensuales le produjeron un total de 110.000 euros.

El juez archivó las causas por las concesiones fallidas de la Fábrica de la Luz y del servicio de bus urbano.

Los "regalos suntuarios" de jarrones Versace de 170 euros a Rolex de más de 4.000

El juez detalla los agasajos que salían de Sanle para políticos y funcionarios, eso sí, "insuficientes para mover sus voluntades"

La parte de los regalos de Construcciones Sanle a políticos y técnicos del Concello queda sobreseída. El juez se ampara en prescripciones por el paso del tiempo o en que los agasajos no "presentan entidad suficiente para mover la voluntad de sus receptores, ni consta que fueran realizados con la exclusiva finalidad de obtener un beneficio directo o indirecto".

Los regalos "suntuarios" llegaban en Navidad a las oficinas municipales y, como suele ocurrir en estos casos, tenían un valor en concordancia con la relevancia del receptor. En concreto, el juez menciona jarrones Versace de 174 euros para dos técnicos, y dos relojes Viceroy y Lotus, también de menos de 200 euros, para otros dos funcionarios. Sin embargo, a un técnico de más responsabilidad le llegaron un Tagheuer de 1.950 y un Breitling de 2.130, y a un concejal de la época un Chopard de 3.900 y un Rolex de 4.050.