El abogado que representa a las familias de los dos asesinados en el doble crimen del Cash Record, Gerardo Pardo de Vera, mantiene la “esperanza” de que las nuevas diligencias ordenadas por la Audiencia Provincial de Lugo supongan “una recta final vertiginosa que pueda aportar muchos datos”.
El letrado hizo estas declaraciones a EFE después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo revocase un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de la capital lucense y ordenase que se practiquen nuevas diligencias de investigación relacionadas con el doble crimen del Cash Record, ocurrido en el polígono industrial de O Ceao en 1994 y que todavía no ha sido resuelto.
En un auto de solo cuatro páginas, al que EFE ha tenido acceso, la Audiencia Provincial de Lugo reconoce “que la investigación ha sido, desde su inicio, un tanto errática”, pero a pesar de las dificultades derivadas del paso del tiempo, entiende que “puede existir algún asomo de luz en las diligencias que solicita la acusación particular”.
Pardo de Vera considera que esta resolución es “un balón de oxígeno” para las familias de los dos asesinados, porque habían “fiado todas las posibilidades a la decisión de la Audiencia”, que ahora les da la razón y ordena practicar todas las diligencias que habían solicitado, “aún con la oposición de la Fiscalía”.
En concreto, esas diligencias se centran en la investigación “en torno al coche que apareció abandonado poco después del crimen”, explicó, y que según “un testigo bastante fiable” ya había “infundido sospechas el día del crimen”.
Además, “había manchas de sangre y se hizo una inspección ocular” del mismo, precisó el letrado.
También se le tomará declaración a “personas que están íntimamente vinculadas a la único investigado en la causa”.
En todo caso, el letrado Pardo de Vera reconoce que, después de tanto tiempo, las “posibilidades” de resolver el caso “son muy limitadas”.
Los hechos se remontan al 30 de abril de 1994, cuando la cajera Elena López y el reponedor Esteban Carballedo fueron asesinados a tiros en el interior del Cash Record, supuestamente como consecuencia de un atraco, dado desaparecieron cinco millones de pesetas -30.000 euros-.
El caso todavía está sin resolver, pero tras sucesivas prórrogas, el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Lugo tomó la decisión de la poner fin a las pesquisas, lo que motivó el recurso de los familiares de las víctimas, que la Audiencia ha aceptado.
