LUGO. El largo proceso judicial en el que está inmersa la Cámara de Comercio de Lugo por el despido de toda su plantilla vive un nuevo episodio. Cinco de los 22 extrabajadores que demandaron a esta entidad por el impago de indemnizaciones y salarios han solicitado al juzgado que la cuantía que no pueda abonar esta la tenga que asumir la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL).
Estos extrabajadores consideran que se ha producido «una sucesión de empresa» porque, entre otros argumentos, la CEL acoge en sus instalaciones a la corporación de derecho público desde hace un par de años y porque promovió a finales de 2015 una candidatura para impedir que Lugo fuese la primera provincia de España en quedarse sin Cámara de Comercio.
El juzgado de lo Social número 2 de Lugo, que lleva el procedimiento, ha remitido esta solicitud a los demás extrabajadores que presentaron demanda y a la entidad cameral para que ambas partes se posicionen sobre este asunto. Después resolverá.
La directiva de la Cámara lucense se opone a la solicitud formulada por parte de los que fueran sus empleados. Asegura que no se puede producir una sucesión de empresa entre una corporación de derecho público y una entidad privada.
Aclara además que la CEL solo le ha permitido el uso de parte de sus instalaciones, pero que no le presta servicios ningún trabajador de la patronal
La Cámara considera que esta solicitud no tendrá recorrido porque hace un par de años se planteó algo similar y el juzgado no lo tuvo en cuenta entonces.
La Confederación de Empresarios está asistiendo de momento como convidada de piedra a este pulso. Su consejo de admnistración no opina por ahora debido a que no ha recibido ninguna notificación judicial.
INTERÉS POR LA SEDE ROJA. Esta solicitud de cinco extrabajadores se produce en un momento en el que han surgido al menos dos pretendientes por la que fuera la sede de la Cámara lucense, sita en la Avenida Ramón Ferreiro. No se descarta que se presenten más ofertas en el juzgado.
Hace un par de años se planteó una solicitud similar y el juzgado no la tuvo entonces en consideración
Este céntrico inmueble, que tiene unos 2.400 metros cuadrados de superficie, está embargado por parte de los que fueron sus empleados con el fin de que con su venta se sufrague la deuda que tiene contraída la entidad con ellos por su despido.
Encima de la mesa del juzgado de lo Social número 2 de Lugo hay dos ofertas de compra por parte de empresas de la capital lucense. La propuesta de la metalúrgica Comenza asciende a 900.000 euros y la de la consultora Vázquez Pousada, que la presentó posteriormente, a 920.000 euros.
Tanto los extrabajadores como la Cámara ven con buenos ojos estas ofertas, aunque su cuantía diste del precio del edificio —las tasaciones realizadas lo valoran entre 1,5 y 2,5 millones de euros—. Son las primeras que se han presentado formalmente en el juzgado por este inmueble que lleva cerrado desde marzo de 2014. En su día la Diputación de Lugo mostró interés, pero no prosperó.
Su venta, para la que todavía no se ha establecido un plazo tope para la presentación de ofertas, supondría que los 22 demandantes cobrasen al menos parte del importe pendiente y la corporación de derecho público reduciría de esta manera su lastre económico.
PUJA PENDIENTE. El juzgado está realizando también los trámites para poner fecha a la subasta de los muebles que aún conserva la Cámara en la sede de Ramón Ferreiro y en la otra que tuvo, el edificio Forcam de Augas Férreas —en manos ahora de una entidad financiera—, para ir rebajando esa deuda del personal.
La entidad, que tiene además embargados sus ingresos, se dedica casi exclusivamente a prestar un servicio: los certificados de origen de los productos que precisan las empresas para poder exportar.
